Con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, el diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reconocer expresamente el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado a contar con espacios adecuados para consumir sus alimentos durante la jornada laboral.
La propuesta plantea adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a fin de establecer que los centros de trabajo deberán disponer de áreas higiénicas, seguras y dignas destinadas a la ingesta de alimentos, de acuerdo con las características y necesidades de cada dependencia o entidad pública.
El legislador señala que, aunque el concepto de trabajo digno contempla condiciones que protejan la salud y el bienestar de los trabajadores, actualmente la legislación no reconoce de manera específica el derecho a contar con espacios apropiados para tomar alimentos ni obliga a las instituciones públicas a habilitarlos.
De acuerdo con la exposición de motivos, en numerosos centros de trabajo los empleados se ven obligados a improvisar lugares para comer o incluso recurrir a pasillos, escaleras, áreas de tránsito y otros espacios poco adecuados debido a la falta de instalaciones destinadas para ese propósito.
Sánchez Rivera argumenta que la alimentación durante la jornada laboral constituye una necesidad básica que debe ser protegida por la ley, por lo que resulta indispensable garantizar condiciones mínimas de seguridad, higiene y comodidad para las y los trabajadores del sector público.
La iniciativa también establece que el uso de estos espacios será voluntario y no deberá afectar la organización ni el funcionamiento de los servicios que prestan las dependencias gubernamentales.
El diputado sostiene que la creación de áreas destinadas a la ingesta de alimentos puede contribuir a mejorar el ambiente laboral, promover condiciones más saludables y fortalecer el bienestar físico y emocional de los trabajadores. Asimismo, considera que estas medidas favorecen una mayor concentración y rendimiento en las actividades diarias.
Además, destaca que el reconocimiento de este derecho impulsaría una cultura de respeto a los derechos laborales y fomentaría relaciones de trabajo más equitativas dentro de la administración pública, al establecer estándares mínimos que deberán cumplirse en todos los centros laborales del Estado.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
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