Juicios congelados, renuncias incómodas y la impunidad que nadie quiere tocar
Mientras Estados Unidos presume la entrega de 313 presuntos criminales a México, aquí seguimos atrapados en la eterna discusión sobre si ciertos personajes políticos deben o no ser investigados. La cooperación internacional avanza, pero la rendición de cuentas doméstica parece caminar a otra velocidad. El problema no es que Washington señale; el problema es que en México aún existen demasiadas dudas sobre quiénes son intocables. La justicia selectiva termina siendo una forma de impunidad.
Y precisamente esa percepción vuelve a quedar exhibida con lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en diversos congresos estatales. Por un lado, Movimiento Ciudadano exige destrabar juicios políticos que permanecen congelados desde hace meses, incluyendo procedimientos contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Por otro, los mismos actores políticos se apresuran a denunciar persecuciones cuando las investigaciones o solicitudes de juicio alcanzan a personajes cercanos a sus propias filas.
La realidad es que el problema no es quién presenta la denuncia ni contra quién se dirige. El verdadero problema es que México se ha acostumbrado a que la justicia dependa de los intereses políticos del momento. Los expedientes avanzan o se detienen según las conveniencias partidistas. Las investigaciones cobran velocidad o se congelan dependiendo del color del acusado. Y así, la lucha contra la corrupción y la impunidad termina convertida en un espectáculo político donde cada partido acusa al otro mientras protege a los suyos.
Resulta particularmente preocupante que, en medio de una crisis nacional de desapariciones que supera las 130 mil personas, existan denuncias y exigencias de familiares de víctimas que permanecen atrapadas en los laberintos legislativos. Las madres buscadoras no necesitan discursos ni conferencias de prensa; necesitan respuestas. Necesitan instituciones que funcionen. Necesitan que los responsables de actuar lo hagan sin importar filiaciones políticas o cálculos electorales.
En Nuevo León, la renuncia de Mario Soto a la coordinación de la bancada de Morena agrega otro ingrediente a un escenario ya de por sí complejo. Aunque el legislador argumenta que se trata de un relevo previsto desde el inicio de la Legislatura, la decisión ocurre justo cuando crecen las tensiones por el intento de impulsar un juicio político contra el gobernador Samuel García. Las coincidencias, en política, rara vez son casualidades.
La salida de Soto deja abiertas muchas interrogantes. ¿Se trata realmente de una rotación pactada o de una consecuencia de las divisiones internas que existen dentro de Morena? ¿Es una decisión administrativa o una señal política? Lo cierto es que ocurre en uno de los momentos más delicados para la relación entre el Ejecutivo estatal y la oposición.
Mientras tanto, los ciudadanos observan un espectáculo repetido una y otra vez: acusaciones cruzadas, denuncias, exhortos, juicios políticos anunciados y declaraciones altisonantes. Pero pocas veces llegan las conclusiones. Pocas veces se conocen sanciones ejemplares. Pocas veces alguien responde verdaderamente ante la ley.
Finalmente, volvió a caer lluvia y nuestra ciudad mundialista de nuevo se inundó.
