Con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o neurodivergencia, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar el Código Civil Federal y evitar que este sector de la población quede desprotegido cuando alguno de sus padres incumple con la obligación de proporcionar pensión alimenticia.
La propuesta busca modificar el artículo 303 del Código Civil Federal para que, en casos de incumplimiento reiterado o injustificado por parte de los progenitores, la obligación alimentaria pueda recaer de manera subsidiaria en otros ascendientes, sin que sea necesario acreditar previamente la imposibilidad económica, física o mental absoluta de los padres.
De acuerdo con el legislador priista, la legislación vigente representa un obstáculo para muchas familias, ya que exige demostrar que los padres carecen por completo de capacidad para cumplir con sus obligaciones, aun cuando en numerosos casos el problema radica simplemente en la negativa de aportar los recursos correspondientes.
Moreira Valdez advirtió que esta situación afecta especialmente a menores con discapacidad o condiciones de neurodivergencia, quienes requieren atención permanente y cuyos tratamientos, terapias, rehabilitación y servicios médicos especializados dependen, en gran medida, del cumplimiento oportuno de la pensión alimenticia.
La iniciativa también plantea ampliar el concepto legal de alimentos para reconocer expresamente que este derecho no se limita a cubrir necesidades básicas como alimentación, vestido o educación, sino que debe incluir gastos relacionados con terapias, rehabilitación, atención médica especializada, ayudas técnicas, cuidados y cualquier otro apoyo indispensable para garantizar el desarrollo integral de las personas menores de edad con discapacidad.
El coordinador parlamentario del PRI explicó que la reforma retoma criterios recientes emitidos por el Poder Judicial y armoniza la legislación con los principios constitucionales de interés superior de la niñez, igualdad, no discriminación y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una de las principales formas de violencia económica contra niñas, niños y adolescentes, problemática que se agrava cuando los menores enfrentan alguna condición de discapacidad o neurodivergencia.
“La ley debe estar del lado de quienes más necesitan protección. No podemos permitir que los tecnicismos legales se conviertan en obstáculos que priven a una niña o un niño de sus terapias, tratamientos o apoyos para desarrollar plenamente sus capacidades”, señaló el legislador.
Con esta propuesta, Rubén Moreira busca que los procedimientos de justicia familiar respondan con mayor rapidez y sensibilidad a las necesidades de los menores en situación de vulnerabilidad, garantizando que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no comprometa su desarrollo, bienestar ni acceso a los servicios que requieren para mejorar su calidad de vida.
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