
La factura de la irresponsabilidad
Hay semanas en las que las noticias parecen no tener ninguna relación entre sí. Sin embargo, cuando se analizan con detenimiento, todas terminan apuntando hacia un mismo problema: la responsabilidad. La responsabilidad de quienes administran recursos públicos, de quienes construyen obras para miles de familias, de quienes aprovechan nuestros recursos naturales y también de quienes salimos a celebrar un triunfo deportivo.
La primera llamada de atención llegó desde la Auditoría Superior de la Federación. Veintiún denuncias penales por presuntos daños al erario superiores a los 600 millones de pesos y decenas de investigaciones abiertas contra gobiernos municipales, estatales y federales no son una estadística cualquiera. Son un recordatorio de que el dinero público sigue siendo uno de los grandes pendientes del país.
La reforma que ahora permite a la Auditoría denunciar irregularidades sin esperar a que concluya todo el proceso de fiscalización representa un avance importante. Ahora falta lo más complicado: demostrar que las denuncias no terminarán archivadas como ha ocurrido tantas veces. Los ciudadanos ya no esperan únicamente auditorías espectaculares; esperan sentencias, recuperación del dinero y servidores públicos que respondan por sus actos.
Desde Venezuela también llegó una noticia que deja enseñanzas. El complejo habitacional construido durante el gobierno de Hugo Chávez como parte de la Gran Misión Vivienda quedó inhabitable tras los terremotos que recientemente sacudieron aquel país. Lo más preocupante no fue únicamente el desastre natural, sino que el Colegio de Ingenieros de Venezuela había advertido desde años atrás sobre la vulnerabilidad de diversas edificaciones y la necesidad de reforzar controles técnicos y estudios de suelo.
Los fenómenos naturales no distinguen ideologías ni discursos políticos. Cuando los especialistas alertan sobre riesgos estructurales, lo responsable es atenderlos y corregirlos. Ignorar esas advertencias puede convertir cualquier obra emblemática en un problema para miles de familias.
Otro tema que también nos llamó la atención tiene que ver con la industria de la caza deportiva. Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Campaign to Ban Trophy Hunting, han señalado que México ocupa un lugar relevante dentro del comercio mundial de trofeos de caza, una actividad que mueve cientos de millones de dólares al año y que tiene una importante presencia en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Para unos, se trata de una actividad regulada que genera empleos, derrama económica y recursos para la conservación de especies mediante las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Para otros, representa un modelo que convierte la vida silvestre en un negocio donde el valor económico termina imponiéndose sobre el valor ecológico de los animales.
El debate no es menor. Mientras organizaciones conservacionistas cuestionan que especies emblemáticas sean convertidas en trofeos para cazadores, principalmente provenientes de Estados Unidos y Europa, quienes defienden esta actividad sostienen que los ingresos obtenidos permiten conservar grandes extensiones de hábitat que, de otra manera, podrían desaparecer. Son dos visiones completamente distintas de un mismo tema y quizá ha llegado el momento de discutirlo con mayor seriedad, sustentados en información y no únicamente en posturas encontradas.
Y mientras el país celebraba el pase de México a los octavos de final del Mundial, Monterrey también dejó una imagen que invita a la reflexión. Más de 130 mil personas inundaron el centro de la ciudad para apoyar al Tricolor y vivir una noche histórica. La celebración fue ejemplar en materia de seguridad, pero dejó otro saldo menos alentador: alrededor de 12 toneladas de basura esparcidas en calles, plazas y corredores peatonales.
Es justo reconocer el trabajo del personal de Servicios Públicos, que durante toda la madrugada logró devolverle el orden al primer cuadro de la ciudad. Lo que no resulta tan digno de reconocimiento es que una fiesta deportiva termine convirtiéndose en un problema ambiental que otros deban resolver.
Nos gusta presumir que Monterrey estuvo a la altura del Mundial. Y es cierto. La organización, la seguridad y la capacidad de respuesta fueron reconocidas incluso a nivel internacional. Pero una ciudad de clase mundial no sólo se distingue por sus estadios o por los operativos que despliega. También se mide por la educación cívica de quienes la habitan.
Al final, estos cuatro temas parecen muy distintos, pero todos dejan exactamente la misma enseñanza. La corrupción no se combate únicamente con auditorías; las tragedias no se evitan solamente después de los desastres; el aprovechamiento de la riqueza natural exige un equilibrio entre conservación y desarrollo; y una ciudad limpia no depende exclusivamente del trabajo de los empleados municipales.





