CDMX.- La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que existen indicios de una operación planeada en territorio mexicano para capturar a Ismael “El Mayo” Zambada y afirma que, de confirmarse, también habría existido una mentira diplomática por parte del entonces embajador Ken Salazar.
El Gobierno de México elevó este jueves el tono del diferendo con Estados Unidos por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y dejó abierta la posibilidad de que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) hayan participado en una operación realizada en territorio mexicano sin autorización de las autoridades nacionales.
Durante una conferencia encabezada por integrantes del Gabinete de Seguridad, el gobierno federal presentó una reconstrucción cronológica de las investigaciones que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas desde julio de 2024 y sostuvo que nuevos elementos obligan a replantear la versión que durante casi dos años sostuvo Washington sobre la forma en que el líder del Cártel de Sinaloa llegó a Estados Unidos.
La exposición oficial se produjo apenas horas después de que el exembajador estadounidense Ken Salazar reapareciera públicamente para defender la versión que presentó desde el inicio del caso, insistiendo en que la captura de Zambada no fue una operación del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, la postura mexicana fue mucho más allá.
Tres posibles escenarios
La administración de Claudia Sheinbaum advirtió que, si se confirma la información recientemente difundida sobre una presunta participación del FBI, el caso dejaría de ser únicamente una investigación criminal para convertirse en un conflicto de implicaciones diplomáticas e internacionales.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades mexicanas, podrían configurarse tres escenarios de especial gravedad.
El primero sería la posible comisión de violaciones a la legislación mexicana y al derecho internacional si una agencia extranjera ejecutó un operativo dentro del territorio nacional sin autorización.
El segundo apuntaría a la existencia de un acuerdo realizado al margen de los mecanismos oficiales de cooperación entre ambos países.
Y el tercero implicaría que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habría faltado a la verdad cuando aseguró públicamente que ni el gobierno estadounidense, ni sus agentes, ni una aeronave de ese país participaron en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Para las autoridades mexicanas, de comprobarse ese escenario también se vulneraría el principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados.
El reportaje que reabrió el caso
El nuevo giro de la investigación surgió a partir de un reportaje del periodista Luis Chaparro, quien aseguró haber obtenido información que vincularía directamente al FBI con la operación que culminó con el traslado de Zambada a Nuevo México.
Según esa publicación, la agencia estadounidense habría reconocido internamente el operativo como una acción exitosa para capturar a uno de los principales objetivos criminales de Estados Unidos.
El trabajo periodístico también sostiene que la aeronave utilizada presentaba modificaciones para dificultar su identificación, incluyendo alteraciones en su pintura, sistemas de navegación, combustible y número de serie.
Además, se afirma que en el interior del avión existían evidencias compatibles con un posible forcejeo durante el traslado.
La FGR cuestiona la actuación del FBI
Durante la conferencia, la Fiscalía General de la República recordó que personal mexicano inspeccionó la aeronave en agosto de 2024 en instalaciones del FBI en El Paso, Texas, y posteriormente en Santa Teresa, Nuevo México.
Sin embargo, sostuvo que durante esas diligencias las autoridades estadounidenses limitaron el acceso de los investigadores mexicanos, impidieron la toma de fotografías y omitieron proporcionar información considerada fundamental para esclarecer los hechos.
Entre las principales observaciones hechas por la Fiscalía destaca que nunca se entregó la identidad completa del piloto de la aeronave y que, además, las autoridades estadounidenses proporcionaron datos distintos sobre la identificación del avión en diferentes momentos de la investigación.
Más de un año de investigaciones
La Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas siete carpetas de investigación relacionadas con este caso.
Las indagatorias abarcan el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, la desaparición de dos escoltas del capo sinaloense, así como posibles delitos relacionados con la alteración de la escena del crimen y presuntas irregularidades en las investigaciones realizadas inicialmente por autoridades locales.
Como parte de esas investigaciones, la dependencia aseguró haber realizado 153 entrevistas, más de mil 280 informes ministeriales, 124 dictámenes periciales y múltiples solicitudes de asistencia jurídica internacional.
Asimismo, informó que ya fue identificado el piloto que condujo la aeronave hacia Estados Unidos mediante análisis periciales de audio, además de haberse establecido el sitio donde Ismael Zambada fue privado de la libertad y la pista clandestina desde donde despegó el avión, la cual presuntamente operaba sin autorización.
Solicitan información a Washington
Ante los nuevos indicios, el Gobierno de México confirmó que activó nuevamente los mecanismos de asistencia jurídica internacional previstos en el tratado bilateral con Estados Unidos para solicitar información adicional sobre el operativo.
La petición busca obtener documentos, registros y cualquier evidencia que permita esclarecer si alguna autoridad estadounidense participó directamente en los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024.
La soberanía, en el centro del conflicto
Más allá de la captura de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano dejó claro que el eje de la controversia ya no es únicamente el destino judicial de Ismael “El Mayo” Zambada.
Ahora, el debate gira en torno a una pregunta mucho más delicada: si una agencia federal de Estados Unidos ejecutó una operación clandestina dentro de territorio mexicano sin conocimiento ni autorización del Estado mexicano.
Las autoridades federales concluyeron que, de confirmarse esa participación, podrían derivarse responsabilidades penales y diplomáticas para quienes intervinieron en los hechos, al considerar que cualquier acción de esa naturaleza representaría una afectación directa a la soberanía nacional.
Con ello, el caso “El Mayo” Zambada dejó de ser exclusivamente un expediente contra el crimen organizado para convertirse en uno de los mayores diferendos diplomáticos entre México y Estados Unidos de los últimos años, justo cuando ambos países intentan mantener una estrecha coordinación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
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