La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) presentó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2025, un informe que evalúa las condiciones de los Centros de Reinserción Social del estado y que, si bien refleja avances en algunos indicadores, también advierte desafíos importantes en materia de seguridad, reinserción social, salud y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, informó que el estudio fue elaborado a partir de visitas de supervisión realizadas entre agosto y septiembre de 2025, entrevistas con autoridades penitenciarias y encuestas aplicadas a personas internas, bajo criterios alineados con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Al momento de la evaluación, los cuatro centros penitenciarios estatales albergaban a 11 mil 346 personas privadas de la libertad, de las cuales 604 eran mujeres y 10 mil 742 hombres. La capacidad instalada asciende a 11 mil 444 espacios, lo que representa una ocupación del 99.1 por ciento. No obstante, la Comisión señaló que la población penitenciaria aumentó 11.27 por ciento respecto al año anterior, lo que incrementa la presión sobre la operación del sistema.
El diagnóstico revela que el 39 por ciento de la población penitenciaria tiene entre 26 y 35 años de edad, un sector que, destacó la Comisión, se encuentra en una etapa clave para los procesos de reinserción social.
Asimismo, el informe identifica la presencia de diversos grupos de atención prioritaria dentro de los centros penitenciarios, entre ellos seis madres que viven con sus hijas e hijos, cuatro mujeres embarazadas, 367 personas con discapacidad, 85 integrantes de pueblos indígenas, mil 776 personas con problemas de adicciones, 295 personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ y 249 adultos mayores.
Uno de los principales focos de atención señalados por la CEDHNL es la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. El déficit alcanzó el 56.5 por ciento durante 2025, cifra superior a la registrada el año anterior, situación que, de acuerdo con el organismo, impacta directamente en la gobernabilidad de los centros, la prevención de incidentes y la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Como consecuencia, el número de hechos violentos registrados en los penales prácticamente se duplicó, al pasar de 29 incidentes en 2024 a 54 durante 2025.
En materia de reinserción social, el diagnóstico señala que el 58.51 por ciento de la población penitenciaria no participa en actividades laborales, mientras que únicamente el 39.14 por ciento recibió capacitación para el trabajo. Además, se observó una disminución en la participación de personas internas en la industria penitenciaria, aspecto considerado fundamental para favorecer su reincorporación a la sociedad.
En el ámbito educativo, la Comisión reportó avances al registrar la participación de mil 903 personas en programas académicos; sin embargo, el 83.23 por ciento de la población penitenciaria continúa sin acceso a actividades educativas, por lo que llamó a fortalecer las estrategias para ampliar la cobertura.
Respecto a los servicios médicos, el organismo consideró indispensable reforzar la atención sanitaria dentro de los centros penitenciarios, especialmente para personas con enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas. La CEDHNL reconoció el apoyo brindado por organizaciones de la sociedad civil, aunque subrayó que la responsabilidad de garantizar este derecho corresponde al Estado.
En actividades deportivas, el informe refleja un incremento en la participación de las personas privadas de la libertad. Durante 2025, siete mil 594 internos participaron en programas deportivos, equivalente al 66.93 por ciento de la población penitenciaria, lo que representa un aumento de 17.68 por ciento respecto al año anterior.
La evaluación general del sistema penitenciario estatal alcanzó una calificación de 7.20, superior al 7.00 obtenido en 2024. Por centros, el CERESO Femenil obtuvo la mejor evaluación con 7.79; seguido del CERESO 3 Oriente con 7.09; el CERESO 2 Norte con 7.05 y el CERESO 1 Norte con 6.90.
Como resultado de la supervisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 45 recomendaciones dirigidas a las autoridades penitenciarias, de las cuales tres corresponden a modificaciones normativas, 32 a acciones operativas y diez a mejoras en infraestructura y equipamiento.
Al presentar el informe, la presidenta de la CEDHNL reiteró que el objetivo de este ejercicio es contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo mejores condiciones de internamiento, una reinserción social efectiva y mayores garantías para las personas privadas de la libertad, sus familias y la sociedad en general.
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