Trump redefine la seguridad en América Latina: ¿está preparado México para la nueva estrategia de Estados Unidos?
Mientras México concentra buena parte de su atención en las extradiciones, el narcotráfico, la migración y las tensiones diplomáticas con Washington, en Estados Unidos parece estar tomando forma una estrategia mucho más amplia que podría redefinir la relación con América Latina durante los próximos años.
Hace apenas unos meses, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advertía que América Latina enfrentaba amenazas como el “narco-comunismo”, la anarquía y el globalismo, haciendo un llamado a los gobiernos de la región a cerrar filas bajo un nuevo esquema de seguridad encabezado por Washington. Muchos interpretaron aquellas declaraciones como parte del discurso político de la nueva administración de Donald Trump. Hoy, esa narrativa parece convertirse en una política de Estado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, prepara una reunión con ministros de Relaciones Exteriores de más de sesenta países para construir una estrategia internacional contra el denominado “terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Más allá del concepto, el mensaje es claro: Washington está redefiniendo sus prioridades de seguridad y pretende que buena parte del mundo las haga propias.
La primera pregunta surge casi de inmediato: ¿México estará invitado a esa mesa? La duda no es gratuita. Hace apenas unos meses, cuando la administración Trump convocó a una reunión hemisférica para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, varios de los gobiernos más importantes de América Latina —entre ellos México, Colombia, Brasil y Venezuela— quedaron fuera de la convocatoria. Aquella decisión generó diversas interpretaciones sobre los criterios políticos y de seguridad utilizados por Washington. Hoy, frente a una nueva cumbre de alcance internacional, la incógnita reaparece: si México recibe la invitación, ¿con qué posición llegará el gobierno de Claudia Sheinbaum?
La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados. Esta misma semana el Gobierno de México decidió abandonar la vía exclusivamente diplomática para acudir directamente a los tribunales estadounidenses en busca de justicia por la muerte de 17 mexicanos relacionada con operativos y centros de detención del ICE. Es un paso firme para defender a los connacionales, pero coincide con un momento en que Estados Unidos endurece su política migratoria y amplía su estrategia de seguridad.
Sin embargo, existe un elemento que México tampoco puede ignorar: la credibilidad.
Mientras nuestro país exige investigaciones transparentes sobre la muerte de mexicanos en territorio estadounidense, también enfrenta cuestionamientos internos que siguen proyectándose hacia el exterior.
El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ilustra esa situación. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que permanece en su domicilio de Culiacán y que no cuenta con protección federal. Sin embargo, las restricciones para verificar esa versión y los reportes sobre vigilancia de fuerzas castrenses permanente en los alrededores mantienen abiertas las dudas en un asunto que ya trascendió el ámbito nacional.
En política internacional las percepciones pesan tanto como los documentos oficiales. Cuando un gobierno exige transparencia al exterior, pero internamente persisten temas que no logra disipar con absoluta claridad, inevitablemente su capacidad de negociación se debilita.
Y justamente en ese escenario aparece la nueva estrategia estadounidense.
En apenas unos meses la presión de Washington ha escalado de manera evidente: aranceles, combate al fentanilo, designación de los cárteles como organizaciones terroristas, investigaciones contra funcionarios mexicanos, endurecimiento de la política migratoria y ahora una convocatoria internacional para enfrentar el llamado “terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Vista en conjunto, la secuencia ya no parece casual; responde a una nueva visión de seguridad impulsada desde la Casa Blanca.
La gran incógnita ya no es únicamente si México será invitado a esa nueva mesa de negociación.
La verdadera pregunta es si llegará como un socio sólido, con instituciones fuertes y credibilidad suficiente para defender sus intereses, o si lo hará cargando cuestionamientos que otros podrán utilizar para endurecer aún más las condiciones de la relación bilateral.
Porque más allá de los discursos, la administración Trump parece enviar un mensaje muy claro: quienes quieran formar parte de su nueva arquitectura de seguridad deberán demostrar, antes que nada, que son socios confiables.
Las doctrinas de seguridad de Estados Unidos nunca se diseñan pensando únicamente en su territorio. Se construyen para una región entera.
Y por historia, por geografía, por economía y por política, México siempre termina ocupando un lugar central en esa estrategia.
Quizá la pregunta ya no sea si Washington está cambiando las reglas del juego.
La verdadera pregunta es ¿Si México está preparado para jugar bajo ellas?
