La administración de Claudia Sheinbaum rompe con la estrategia de las notas diplomáticas y emprende una ofensiva penal y civil contra autoridades y empresas que operan centros de detención migratoria.
Ciudad de México.- Después de meses de protestas diplomáticas sin resultados visibles, el Gobierno de México decidió cambiar por completo su estrategia frente a las muertes de connacionales relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La administración de Claudia Sheinbaum anunció que llevará los casos directamente ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, con denuncias penales y demandas civiles que buscan fincar responsabilidades por el fallecimiento de 17 mexicanos.
El anuncio fue realizado este jueves por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien confirmó que la instrucción presidencial es abandonar la vía exclusivamente diplomática y recurrir a los mecanismos legales disponibles en territorio estadounidense para exigir justicia.
La decisión representa uno de los movimientos más contundentes emprendidos por México frente a la política migratoria de Estados Unidos en los últimos años.
De acuerdo con la Cancillería, de los 17 mexicanos fallecidos, 14 murieron mientras permanecían bajo custodia del ICE en centros de detención y tres más perdieron la vida durante operativos migratorios.
El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras recibir varios disparos durante un operativo en Houston, Texas. Aunque las autoridades estadounidenses sostienen que el agente actuó en defensa propia, el Gobierno mexicano exige una investigación independiente que permita esclarecer plenamente los hechos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra quien resulte responsable por las muertes de ciudadanos mexicanos.
“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos”, anunció Velasco durante la Conferencia del Pueblo.
Pero la ofensiva jurídica no terminará ahí.
La Cancillería también iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que administran diversos centros de detención del ICE, mediante cartas de “Cease and Desist”, un procedimiento jurídico utilizado en Estados Unidos para exigir el cese inmediato de prácticas que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno mexicano sostiene que las condiciones existentes en algunos de esos centros contribuyeron a la muerte de al menos 14 connacionales, por lo que buscará responsabilidades también contra los operadores privados.
En el plano internacional, México volverá a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en favor de mexicanos detenidos y reforzará las gestiones ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien anteriormente ya había emitido un pronunciamiento sobre estos casos.
Hasta el momento, la Cancillería ha enviado once notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense. Todas fueron respondidas con el argumento de que las investigaciones continúan, una respuesta que para México resulta insuficiente ante el número de víctimas registradas.
Mientras avanzan los procedimientos legales, la red consular mexicana mantiene el acompañamiento jurídico, económico y humanitario a las familias afectadas, incluyendo representación legal y apoyo para la repatriación de restos.
Con este giro, la administración federal busca que las muertes de mexicanos relacionadas con el ICE dejen de ser únicamente motivo de reclamos diplomáticos y se conviertan en casos sujetos al escrutinio de los tribunales estadounidenses, en un intento por sentar un precedente en la defensa de los derechos humanos de los migrantes.
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