La disputa entre el Gobierno de Nuevo León y los municipios escaló este lunes luego de que cerca de una veintena de alcaldes metropolitanos y rurales presentaran un requerimiento formal para exigir la entrega inmediata de recursos que, aseguran, permanecen retenidos por la administración estatal y cuyo monto podría alcanzar hasta mil 700 millones de pesos.
El documento fue entregado en el Palacio de Gobierno como el primer paso de una ruta jurídica que, de no obtener respuesta, podría derivar en acciones administrativas, financieras e incluso penales, según advirtieron los ediles.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, explicó que el escrito presentado incluye un anexo ilustrativo con adeudos superiores a mil 200 millones de pesos correspondientes únicamente a algunos municipios, cifra que no contempla a varios ayuntamientos rurales que también se sumarán al requerimiento.
“Estamos estimando que el adeudo total pudiera llegar a los mil 600 o mil 700 millones de pesos”, señaló.
Precisó que Monterrey reclama más de 300 millones de pesos, mientras que Escobedo reporta un monto superior a los 360 millones, además de existir adeudos con otros municipios por cantidades que van desde varios millones hasta montos menores.
El edil subrayó que la exigencia no busca obtener recursos extraordinarios, sino que el Estado transfiera fondos, aportaciones y derechos que, afirmó, ya corresponden legalmente a los municipios.
“Estamos pidiendo únicamente los recursos que pertenecen a cada municipio y que ya están contemplados en el presupuesto”, sostuvo.
Durante la conferencia, Adrián de la Garza afirmó que el requerimiento fue dirigido directamente al gobernador Samuel García, al considerarlo el superior jerárquico del encargado del despacho de la Tesorería estatal y, por tanto, quien tiene la facultad de ordenar la liberación inmediata de los recursos.
El presidente municipal advirtió que, de persistir la negativa, el procedimiento legal continuará al considerar que la retención de estos fondos carece de sustento jurídico.
Además, cuestionó el argumento utilizado por la Tesorería estatal para retrasar las transferencias, al señalar que, según les han comunicado a diversos tesoreros municipales, los pagos permanecerán detenidos mientras no se cumpla con determinados requisitos administrativos.
Para De la Garza, esa postura representa una práctica que calificó como ilegal y contraria a los convenios de coordinación hacendaria.
El alcalde recordó que ésta es la tercera ocasión en la que encabeza el gobierno de Monterrey y aseguró que nunca había enfrentado una situación similar, ni siquiera cuando existían diferencias políticas con administraciones estatales de otros partidos.
“Nunca se habían retenido recursos, aportaciones y derechos municipales como ocurre actualmente”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, respaldó el posicionamiento conjunto y aseguró que las consecuencias de la retención de recursos recaen directamente sobre la ciudadanía.
Explicó que los municipios han tenido que asumir responsabilidades que corresponden al Estado, como el apoyo en movilidad, mantenimiento de escuelas, atención en salud y otros servicios públicos, además de las funciones propias de los gobiernos municipales.
“Las afectaciones son muy altas y directas al ciudadano. Cuando se detienen los recursos, quienes terminan pagando las consecuencias son los habitantes de cada municipio”, expresó.
Carrillo recordó que, además de los recursos pendientes, los municipios han impulsado diversas iniciativas para fortalecer sus finanzas, entre ellas la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria y propuestas derivadas del denominado Pacto Fiscal, sin que, dijo, se hayan concretado beneficios para los gobiernos locales.
Los alcaldes insistieron en que el conflicto no debe interpretarse como una solicitud de mayores recursos, sino como la exigencia de recibir dinero que ya les corresponde conforme al presupuesto y a la legislación vigente.
El bloque de ediles reiteró que el requerimiento presentado representa el inicio del procedimiento legal y confiaron en que el Gobierno del Estado atienda la petición antes de que el conflicto avance hacia otras instancias jurisdiccionales.
Al encuentro acudieron los alcaldes Adrián de la Garza, de Monterrey; Daniel Carrillo, de San Nicolás; César Garza Arredondo, de Apodaca; Manuel Guerra, de García; David de la Peña, de Santiago; Miguel Quiroga, de Ciénega de Flores; además del encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga. Los ediles señalaron que otros municipios que no pudieron asistir por motivos de agenda también respaldan el requerimiento y prevén sumarse en los próximos días con el detalle de los recursos que, aseguran, permanecen pendientes de ser transferidos por el Gobierno del Estado.
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