Entre millones, silencios y desmentidos
Hay noticias que duran un día y hay otras que dejan preguntas que tardarán años en responderse. Esta semana ocurrieron varias de esas.
La primera no es que Ismael “El Mayo” Zambada enfrente una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Después de décadas al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ese desenlace parecía inevitable. Lo verdaderamente relevante es otra cifra: 15 mil millones de dólares.
Ese es el monto que la Fiscalía estadounidense pretende imponer como sanción económica, al considerar que durante años el capo construyó un imperio criminal capaz de generar ingresos multimillonarios mediante el tráfico de drogas. Pero el expediente va mucho más allá del dinero. En los documentos judiciales, la propia Fiscalía sostiene que el Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para operar sin obstáculos.
No se trata de una declaración menor. Es una acusación que vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegó la infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas?
Y mientras Estados Unidos exhibe esas afirmaciones en sus tribunales, en México sigue sin existir una respuesta definitiva sobre otro episodio que marcó la relación bilateral: la captura de “El Mayo”.
El exembajador Ken Salazar asegura ahora que intentó comunicarse en al menos cuatro ocasiones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para explicarle que Washington no participó en una operación dentro de territorio mexicano y que incluso ofreció compartir toda la evidencia disponible.
La versión contrasta con la narrativa sostenida desde Palacio Nacional, donde durante meses se insistió en la falta de información y en la exigencia de explicaciones al gobierno estadounidense. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum resume el dilema en una sola pregunta: “¿Quién miente?”
Esa interrogante permanece abierta y difícilmente podrá responderse sólo con declaraciones. Lo que sí deja claro este episodio es que uno de los asuntos de seguridad más delicados entre ambos países continúa rodeado de versiones encontradas, silencios y desconfianza.
Y como si el escenario nacional no fuera suficientemente complejo, Nuevo León ofrece un ejemplo distinto, aunque igualmente preocupante.
Por un lado, dieciocho alcaldes acudieron al Palacio de Gobierno para exigir la entrega de recursos que, aseguran, ascienden a entre mil 600 y mil 700 millones de pesos. Hablaron incluso de posibles acciones legales si los depósitos no se realizan.
Horas después, el Gobierno del Estado respondió con la misma contundencia: negó la existencia de cualquier adeudo y afirmó que la Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades en la entrega de recursos, atribuyendo la disminución de participaciones a la caída en la recaudación federal.
Dos versiones completamente opuestas. Los alcaldes sostienen que el dinero no ha llegado. El Estado asegura que no debe ese dinero.
Alguien tendrá que demostrarlo con documentos, estados de cuenta y cifras verificables. Porque en un tema que involucra recursos públicos, la percepción no puede sustituir a la evidencia.
Los tres casos parecen distintos, pero comparten un mismo problema: la confianza.
Aunque a decir verdad. Se estima que está misma semana los diversos municipios salgan de nuevo con documentación sólida de los adeudos. Lo que representaría un verdadero reto para el Estado tratar de salir a desmentir… veamos .
