La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, Armida Serrato Flores, aseguró que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no detiene el juicio político promovido contra el gobernador Samuel García, sino que únicamente suspende la aplicación de una eventual sanción hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.
La legisladora sostuvo que la interpretación realizada por el Ejecutivo estatal sobre el fallo de la Corte es incorrecta, ya que, afirmó, el máximo tribunal permitió al Poder Legislativo continuar con todas las etapas previstas en la Ley de Juicio Político.
De acuerdo con Serrato Flores, la Comisión Anticorrupción mantiene facultades para concluir la integración del expediente, elaborar el dictamen correspondiente y, en su momento, someterlo a votación tanto en la propia comisión como en el Pleno del Congreso para posteriormente remitirlo al Tribunal Superior de Justicia.
“No veo por qué está celebrando el Gobernador la resolución. La Suprema Corte sí está autorizando a este Congreso del Estado a continuar con todos los pasos que establece la Ley de Juicio Político”, expresó la diputada.
Precisó que la única limitante establecida por la SCJN consiste en que el Tribunal Superior de Justicia no podrá ejecutar una eventual sanción mientras la controversia constitucional permanezca sin resolución definitiva.
Con base en ello, la legisladora afirmó que el procedimiento legislativo sigue plenamente vigente y continuará desarrollándose conforme a los tiempos establecidos por la ley.
Actualmente, explicó, el expediente se encuentra en la fase de investigación y desahogo de diligencias, etapa en la que ya se cumplió con la presentación formal de la denuncia, la notificación al mandatario estatal y la recepción de su informe por escrito.
Como parte de las investigaciones, la Comisión Anticorrupción mantiene abiertos requerimientos de información dirigidos a 69 dependencias estatales y federales para obtener documentación relacionada con presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos, contratos y movimientos financieros vinculados con empresas bajo investigación.
Serrato Flores también informó que el Instituto de la Defensoría Pública no respondió dentro del plazo legal al requerimiento para designar un abogado de oficio solicitado por el propio gobernador Samuel García.
La diputada explicó que dicha situación deberá resolverse antes de que el procedimiento avance hacia la etapa de audiencias y alegatos, ya que hasta el momento no existe un representante legal designado bajo esa modalidad.
Indicó que el oficio correspondiente fue enviado al titular del Instituto de la Defensoría Pública, Carlos Manuel Cuevas Martínez, quien, según dijo, no atendió la solicitud dentro del plazo establecido.
Respecto a los tiempos del procedimiento, estimó que una vez concluido el análisis de la información que remitan las distintas autoridades, la Comisión Anticorrupción podría sesionar hacia finales de julio para revisar el expediente y valorar las pruebas reunidas.
Posteriormente, durante el mes de agosto, el dictamen podría ser sometido a consideración de la Comisión y posteriormente presentado ante el Pleno del Congreso para continuar con las etapas previstas por la legislación vigente.
Armida Serrato reiteró que el Poder Legislativo continuará desarrollando el procedimiento con apego al marco constitucional y respetando las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La Comisión Anticorrupción sigue trabajando, como lo ha venido haciendo desde hace más de un mes, ahora con el aval de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó la legisladora.
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