Ciudad de México.- Las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, continúan generando reacciones en la clase política mexicana. Ahora fue la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien llamó a que los señalamientos sean atendidos con investigaciones formales y no únicamente con pronunciamientos diplomáticos o políticos.
La legisladora consideró que la respuesta del Estado mexicano debe ir más allá del rechazo expresado por el Gobierno federal y enfocarse en fortalecer las investigaciones que permitan esclarecer cualquier señalamiento sobre posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones del crimen organizado.
A juicio de la diputada, la gravedad de las afirmaciones hechas por el funcionario estadounidense obliga a las instituciones de procuración de justicia a actuar con independencia, transparencia y apego a la ley, con el objetivo de demostrar que en México no existe protección para quienes pudieran colaborar con grupos delictivos.
López Rabadán sostuvo que ningún servidor público debe estar por encima de la ley y que, si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades, las autoridades están obligadas a proceder sin importar el cargo, el partido político o el nivel de gobierno involucrado.
La legisladora hizo énfasis en que entidades como Sinaloa y Baja California permanecen bajo el escrutinio público debido a diversos señalamientos difundidos en los últimos meses. No obstante, aclaró que cualquier determinación deberá sustentarse en pruebas y resoluciones judiciales, evitando tanto las condenas anticipadas como el desinterés institucional frente a las acusaciones.
También advirtió que el escenario bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de mayor presión en materia de seguridad, particularmente después de que autoridades estadounidenses ampliaran las acciones contra organizaciones criminales mexicanas, lo que podría tener repercusiones en la cooperación entre ambos países.
Para la presidenta de la Cámara de Diputados, el combate a la delincuencia organizada exige instituciones sólidas y resultados verificables, por lo que insistió en que la mejor respuesta ante este tipo de señalamientos debe ser el fortalecimiento de las investigaciones y la aplicación de la ley, antes que los posicionamientos políticos.
Las declaraciones de la legisladora se producen un día después de que el Gobierno de México rechazara los dichos del director de la DEA, quien aseguró que existe una supuesta “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y autoridades mexicanas, afirmaciones que fueron calificadas por la administración federal como carentes de sustento.
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