La presidenta abre la puerta a un posible litigio internacional para recuperar parte de la mayor fortuna decomisada al narcotráfico; nuestro medio ya había adelantado que la estrategia de Estados Unidos no sólo buscaba la cadena perpetua, sino desmantelar el imperio financiero del fundador del Cártel de Sinaloa.
La posibilidad de que México reclame una parte de los 15 mil millones de dólares decomisados a Ismael “El Mayo” Zambada dejó de ser una simple hipótesis. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si existen las bases jurídicas para que el Estado mexicano pueda reclamar parte de la fortuna asegurada por las autoridades estadounidenses, una decisión que podría abrir un inédito frente legal entre ambos países por uno de los mayores decomisos económicos vinculados al narcotráfico en la historia reciente.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar si existe un mecanismo legal que permita a México participar en la recuperación de esos recursos. Sheinbaum evitó adelantar una postura definitiva y dejó en manos del órgano autónomo el análisis jurídico correspondiente, reconociendo que el tema deberá resolverse conforme a los tratados y procedimientos internacionales aplicables.
En este espacio ya habíamos informado que la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos iba mucho más allá de obtener una sentencia de cadena perpetua contra el histórico fundador del Cártel de Sinaloa. El verdadero objetivo consistía en destruir el poder financiero construido durante más de cuatro décadas mediante el tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo, golpeando la estructura económica que permitió consolidar a una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.
Hoy, ese objetivo adquiere una nueva dimensión. La posibilidad de que México participe en la recuperación de parte de esa fortuna coloca sobre la mesa un debate jurídico, político y económico sin precedentes. Los aproximadamente 15 mil millones de dólares representan una cantidad extraordinaria que supera el Producto Interno Bruto anual de varios países de menor tamaño y equivale a cientos de miles de millones de pesos, recursos que podrían transformar programas nacionales de seguridad, procuración de justicia, salud, infraestructura o atención a víctimas si existiera una vía legal para recuperarlos.
No obstante, el camino dista mucho de ser sencillo. El decomiso forma parte de un proceso penal desarrollado ante una corte federal de Estados Unidos, por lo que cualquier reclamación mexicana tendría que sustentarse en tratados de cooperación internacional, acuerdos de asistencia jurídica mutua y mecanismos de recuperación de activos derivados del crimen organizado. Será precisamente la FGR la que determine si existen elementos suficientes para promover una reclamación formal ante las autoridades estadounidenses.
El argumento mexicano no carece de sustento. Durante décadas, las actividades atribuidas a “El Mayo” Zambada provocaron violencia, homicidios, desapariciones, desplazamientos, corrupción institucional y enormes costos económicos para el Estado mexicano. Bajo esa perspectiva, México podría sostener que también fue víctima directa de la organización criminal que generó la fortuna hoy asegurada por la justicia estadounidense.
Sin embargo, también existen antecedentes en los que Estados Unidos ha conservado la totalidad de los bienes decomisados al tratarse de procedimientos judiciales desarrollados bajo su jurisdicción. Esa realidad convierte el análisis de la Fiscalía General de la República en una pieza clave para conocer si el Gobierno mexicano cuenta con bases jurídicas suficientes para iniciar una reclamación internacional o si, por el contrario, los recursos permanecerán bajo control del gobierno estadounidense.
Más allá del aspecto legal, el anuncio de la presidenta marca un cambio importante en la postura del Estado mexicano. Por primera vez se reconoce públicamente la intención de explorar la posibilidad de recuperar parte del patrimonio económico generado por uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, abriendo una discusión que trasciende la sentencia penal y se centra en el destino de una fortuna construida con décadas de actividades ilícitas.
La historia judicial de Ismael “El Mayo” Zambada podría haber encontrado su desenlace con la cadena perpetua dictada en Estados Unidos. Sin embargo, la disputa por los 15 mil millones de dólares apenas comienza. Si la Fiscalía General de la República concluye que existen fundamentos legales para actuar, México podría emprender una batalla jurídica internacional que definiría el destino de una de las mayores fortunas del narcotráfico y sentaría un precedente para futuros casos de recuperación de activos derivados del crimen organizado.
Especiasl-eitmedia.mx
Dib: redes sociales-US
