La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados rechazó modificar la legislación vigente al concluir que la propuesta no aportaba cambios de fondo ni fortalecía el marco jurídico existente.
La Cámara de Diputados cerró la puerta a una nueva modificación de la Ley de Vivienda al considerar que el ordenamiento actual ya ofrece las herramientas necesarias para garantizar el derecho de las personas a una vivienda adecuada, por lo que una reforma impulsada por el PRI fue desechada durante su análisis en comisión.
Con el respaldo mayoritario de sus integrantes, la Comisión de Vivienda aprobó un dictamen en sentido negativo para rechazar la iniciativa presentada por el diputado Juan Moreno de Haro, quien planteaba incorporar de manera expresa el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) como uno de los fundamentos para fortalecer la cooperación entre los distintos sectores involucrados en la política de vivienda.
Durante la discusión, las y los legisladores concluyeron que la modificación no representaba un cambio sustancial, ya que el tratado internacional forma parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano y los principios que reconoce ya se encuentran reflejados en la legislación nacional.
La comisión sostuvo que agregar una referencia específica al tratado no modificaría la aplicación de la ley ni ampliaría los derechos de la población, debido a que el marco jurídico vigente ya contempla mecanismos de coordinación entre los sectores público, social y privado para atender las necesidades habitacionales del país.
Las y los diputados también señalaron que las reformas aprobadas en los últimos años fortalecieron el concepto de vivienda adecuada e incorporaron mayores responsabilidades para las instituciones encargadas del desarrollo habitacional, por lo que consideraron innecesario realizar una nueva modificación con un contenido que calificaron como reiterativo.
El dictamen aprobado recibió 21 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, reflejando un amplio consenso entre los integrantes de la comisión respecto a que la iniciativa no generaba beneficios adicionales para la política nacional de vivienda.
Tras la votación, el expediente fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento parlamentario correspondiente y, posteriormente, ser archivado como asunto concluido.
Con esta decisión, la Comisión de Vivienda envía un mensaje claro sobre el rumbo que pretende mantener en los trabajos legislativos: privilegiar reformas que generen cambios concretos en la legislación y evitar modificaciones que, aunque incorporen referencias a instrumentos internacionales, no produzcan efectos jurídicos o administrativos que fortalezcan la garantía del derecho a la vivienda en México.
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