¿De verdad no sabían dónde estaba el dinero de “El Mayo”?… de eso y más comentaremos
Hay declaraciones que, lejos de aclarar un tema, abren más interrogantes. Eso ocurrió esta semana cuando el Gobierno de México pasó, en cuestión de horas, de manifestar su interés por recuperar parte de los 15 mil millones de dólares que la justicia de Estados Unidos pretende decomisar a Ismael “El Mayo” Zambada, a reconocer que en territorio nacional no existen bienes ni cuentas bancarias registradas directamente a nombre del capo.
La afirmación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resulta inevitablemente llamativa. Según explicó, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas y asegurado bienes relacionados con integrantes del crimen organizado, pero ninguno aparece formalmente a nombre del fundador del Cártel de Sinaloa. Si esa es la realidad, entonces la pregunta surge por sí sola: ¿sobre qué patrimonio pretende México reclamar una participación?
Durante décadas, “El Mayo” fue señalado como uno de los hombres más poderosos del narcotráfico internacional. Se le atribuyó el control de rutas de trasiego, redes financieras y una estructura criminal que movía miles de millones de dólares. Sin embargo, ahora el propio Gobierno reconoce que no tiene identificadas propiedades o cuentas bancarias directamente vinculadas con él. Mientras tanto, un juez federal estadounidense sí ordenó el decomiso de bienes valuados en 15 mil millones de dólares, producto de investigaciones patrimoniales realizadas por las autoridades de ese país.
No se trata de defender al narcotraficante ni de minimizar el trabajo de las instituciones mexicanas. El punto es otro: si el Gobierno mexicano pretende participar en ese decomiso, la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad cuál es el fundamento jurídico y financiero que respalda esa intención. Porque una cosa es expresar un deseo político y otra muy distinta demostrar que existen derechos legales sobre esos recursos.
Las contradicciones no terminaron ahí. Mientras el país seguía atento al caso de “El Mayo”, surgió otro episodio que volvió a colocar el reflector sobre el manejo político de la agenda pública. Verónica Ruffo Sánchez acudió a la Embajada de Estados Unidos para denunciar presunto hostigamiento contra su familia tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Desde el partido Somos México se acusó que el proceso judicial representa una “cortina de humo” para desviar la atención de otros escándalos políticos que sacuden a Baja California.
La expresión no es menor. En los últimos años, el término “cortina de humo” ha sido utilizado con frecuencia para explicar por qué determinados casos cobran relevancia justo cuando otros asuntos generan un mayor costo político para los gobiernos en turno. Sea o no esa la intención, corresponde a las autoridades demostrar con hechos que la aplicación de la ley responde exclusivamente a criterios de justicia y no a conveniencias políticas.
Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, Donald Trump volvió a endurecer su discurso migratorio al defender públicamente las acciones del ICE, incluso cuando el Gobierno mexicano mantiene denuncias por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos o bajo custodia de esa corporación. La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más complejos y exige una postura firme, pero también coherente, por parte de ambos gobiernos.
Y como si el panorama no fuera suficientemente complejo, Morena anunció que someterá a revisión a más de 20 mil aspirantes a cargos de elección popular para verificar que no tengan vínculos con el crimen organizado, antecedentes de corrupción o casos de violencia de género. La decisión podría interpretarse como un intento por fortalecer los filtros internos del partido, aunque inevitablemente deja una pregunta en el aire: ¿por qué ese escrutinio no fue una regla desde el principio?
México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional. Precisamente por ello, el país necesita mensajes claros, consistentes y respaldados por resultados. No basta con anunciar la intención de recuperar miles de millones de dólares si, al mismo tiempo, se reconoce que aquí no se localizaron bienes a nombre del principal objetivo de esa investigación.
Porque al final, más allá del discurso político, los ciudadanos esperan respuestas concretas. Y cuando las versiones oficiales parecen contradecirse en cuestión de horas, la confianza comienza a debilitarse.
