Un hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el transporte de 24 armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenido durante un operativo federal realizado sobre la carretera Monterrey-Matehuala, en el municipio de Galeana.
De acuerdo con la investigación, el aseguramiento ocurrió el pasado 26 de julio a la altura del kilómetro 129+000, en las inmediaciones del ejido San Roberto, donde elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, interceptaron un vehículo en el que viajaban dos personas.
Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron un arsenal oculto en las polveras del vehículo, integrado por 24 armas de fuego, de las cuales 22 eran armas cortas y dos armas largas. Ninguno de los ocupantes pudo acreditar la legal posesión o el traslado del armamento.
Tras el aseguramiento, ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició la carpeta de investigación correspondiente por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Durante la audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Marco “N” por el delito de transporte de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que la representación social presentara los datos de prueba recabados durante la investigación.
Como medida cautelar, el juzgador ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal en su contra.
Respecto al segundo ocupante del vehículo, la autoridad judicial determinó su libertad al considerar que Marco “N” asumió la responsabilidad sobre el armamento asegurado durante el operativo.
La Fiscalía General de la República precisó que las investigaciones continuarán para establecer el origen, destino y posible utilización de las armas decomisadas, así como para determinar si existen más personas relacionadas con estos hechos.
Conforme al principio de presunción de inocencia, Marco “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
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