Por: Ana Delicado Palacios
Buenos Aires.- El paro general de 24 horas que afectó la reanudación del ciclo lectivo en Argentina tras las dos semanas de vacaciones invernales tuvo un acatamiento cercano al 100 por ciento, afirmó a la Agencia Sputnik una referente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).
“Estamos hablando de una adhesión de entre el 95 y el 98 por ciento, tras una jornada de paro muy masivo a nivel nacional”, señaló a esta agencia Paula Akerfeld, docente de educación especial.
Las clases fueron suspendidas a instancias de la convocatoria realizada por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), a la que responde Suteba, en una medida apoyada por sindicatos adscritos a la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT).
La adhesión fue “prácticamente total” en la provincia de Buenos Aires (este), la jurisdicción más poblada del país, donde las escuelas estuvieron cerradas “casi en su totalidad”, de acuerdo a Suteba, mientras que en el centro la capital argentina hubo una movilización en la que participaron cientos de personas.
Los gremios que se sumaron a la medida de fuerza cuestionaron al Gobierno del presidente Javier Milei por no haber convocado todavía las denominadas “paritarias”, como se conoce las reuniones que fijan las actualizaciones salariales para contrarrestar la inflación.
En la provincia de Buenos Aires, la huelga educativa se extenderá por 24 horas más “en reclamo a la situación salarial que estamos viviendo”, planteó la referente de Suteba.
“Venimos de una paritaria de pobreza, con un aumento de 7 por ciento en dos cuotas, que significa, para una maestra de grado, cobrar un aumento de 70.000 pesos (45,5 dólares) recién para septiembre”, ejemplificó Akerman.
Ante una inflación acumulada en el año de 33,5 por ciento, el paro nacional que afectó el funcionamiento de las escuelas públicas del país fue también respaldada por docentes universitarios afiliados a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que acompañaron la medida de fuerza en áreas administrativas y escolares.
A nivel nacional, los gremios también reclaman el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un aporte económico que el Gobierno transfería a las provincias para completar el pago de salarios a maestros y profesores y que suponía alrededor del 10 por ciento de su sueldo.
Las quejas por el desfinanciamiento del sistema educativo también apuntaron contra la gobernación de la jurisdicción bonaerense, cuyo gobernador es Axel Kicillof (peronista).
Uno de los reclamos es por la situación de los comedores, ya que “tenemos un presupuesto de 1.400 pesos (90 centavos de dólar) por día para un estudiante cuando se han suspendido al menos hasta fin de año las cajas de Mesa Bonaerense, que aportaban algunos productos alimenticios”, sostuvo Akerfeld.
Docentes y auxiliares, a cargo de la cocina y la limpieza en las escuelas, que cobran 700.000 pesos al mes (453 dólares), “no pueden ser los que paguen la factura por esta situación, porque también hay plata en la provincia para aumentos de salarios y tener el presupuesto que estamos solicitando”, añadió la profesora.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por su parte, el Gobierno advirtió a Ctera que debe garantizarse el 75 por ciento del funcionamiento de los servicios, por ser la educación un servicio esencial, de acuerdo a la reforma laboral promulgada por la actual administración en marzo, y les advirtió con retirarle al gremio la personería gremial.
Este aviso fue tomado como una amenaza por los sindicatos, ya que el Gobierno señaló que enviaría inspectores para garantizar la reanudación del ciclo lectivo.
“A pesar de eso, el paro fue totalmente masivo, porque la docencia sabe que la única herramienta que tenemos para pelear por presupuesto educativo y por salarios lamentablemente son los paros, y porque además cuentan con el apoyo de la comunidad, ya que ven que los docentes son los que estamos levantando las demandas de las propias familias”, observó la referente de Suteba.
Los sindicatos bajo la órbita de Ctera reclaman a la Confederación “que le dé continuidad a estas medidas porque la situación es realmente insostenible: estamos hablando de maestras que tienen otro trabajo, además de la doble jornada laboral, para llegar a fin de mes”, lamentó Akerfeld.
Por su parte, la gobernación de la provincia de Buenos Aires se negó a brindar información al Gobierno nacional sobre el acatamiento del paro para supervisar el cumplimiento de la prestación mínima exigida en la reforma laboral, denominada por el Ejecutivo “Ley de Modernización Laboral”.
