La bancada tricolor buscará que los titulares de Economía y Relaciones Exteriores comparezcan para informar las acciones emprendidas ante la decisión de Washington que afecta a miles de productores de Michoacán.
La suspensión de las importaciones de aguacate procedente de Michoacán por parte del gobierno de Estados Unidos escaló al ámbito legislativo, luego de que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunciara que impulsará la comparecencia de los titulares de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que informen las acciones emprendidas frente a esta situación.
El grupo parlamentario, encabezado por Rubén Moreira Valdez, presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente con el objetivo de que el Gobierno federal explique las causas que originaron la medida adoptada por las autoridades estadounidenses, así como las estrategias que se implementarán para proteger a una de las industrias agrícolas más importantes del país.
Para los legisladores priistas, la suspensión de las exportaciones representa un golpe directo para la economía de Michoacán, entidad que concentra la mayor producción y comercialización de aguacate en México y donde esta actividad genera más de 200 mil empleos entre productores, empacadores, transportistas, jornaleros y exportadores.
Los diputados señalaron que la decisión de Washington obedece a la interrupción de las labores de inspección que realiza personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), instancia responsable de verificar y certificar los embarques con destino al mercado estadounidense.
Ante este escenario, el PRI pidió que la Secretaría de Economía informe cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el retiro del personal encargado de dichas inspecciones y qué gestiones se han realizado para reactivar el proceso de certificación que permita restablecer las exportaciones.
Asimismo, solicitará que la Secretaría de Relaciones Exteriores detalle las acciones diplomáticas emprendidas con las autoridades estadounidenses para resolver el conflicto y normalizar el comercio de uno de los principales productos agroalimentarios mexicanos.
Durante la presentación de su postura, la bancada priista sostuvo que la problemática no puede analizarse al margen del clima de inseguridad que prevalece en diversas regiones productoras de Michoacán.
Los legisladores afirmaron que los productores enfrentan desde hace años extorsiones, cobro de cuotas ilegales, amenazas y hechos de violencia atribuidos a grupos del crimen organizado, situación que, señalaron, ha deteriorado las condiciones para el desarrollo de la actividad agrícola y afecta la confianza de los mercados internacionales.
Por ello, consideraron indispensable que el Gobierno federal presente una evaluación puntual sobre las consecuencias económicas y comerciales derivadas de la suspensión de las importaciones, así como las medidas de apoyo que se brindarán a quienes integran toda la cadena productiva del aguacate.
El PRI advirtió que las afectaciones no sólo impactan a los productores de Michoacán, sino también al comercio bilateral entre México y Estados Unidos, debido a la importancia que tiene el aguacate mexicano dentro del mercado norteamericano.
Como parte de sus argumentos, los diputados recordaron que, de acuerdo con cifras de Data México, durante 2024 Michoacán exportó aguacate con un valor superior a los tres mil 525 millones de dólares, una cifra ampliamente superior a la registrada por otras entidades productoras del país.
En ese contexto, los legisladores consideraron que la comparecencia de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores permitirá conocer la estrategia del Gobierno para recuperar las condiciones de exportación, brindar certidumbre a los productores y evitar mayores afectaciones económicas a una industria considerada estratégica para el campo mexicano.
Finalmente, la bancada del PRI reiteró su respaldo a los productores de aguacate y afirmó que continuará impulsando acciones desde el Poder Legislativo para fortalecer las condiciones de seguridad, proteger la actividad agrícola y preservar la competitividad de uno de los principales productos de exportación de México.
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