El nuevo presidente de Colombia ordenó redistribuir a internos considerados de alto perfil para impedir que continúen operando desde prisión; 103 fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí
Bogotá.— El nuevo gobierno de Colombia decidió comenzar su estrategia de seguridad con una operación penitenciaria de gran alcance. Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 internos considerados de alto perfil hacia diferentes cárceles de máxima seguridad del país, bajo el argumento de recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y cortar cualquier posibilidad de que las organizaciones criminales continúen operando desde las prisiones.
La operación fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y tuvo como uno de sus principales puntos de intervención la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, de donde fueron sacados 103 de los internos incluidos en el dispositivo.
Los reclusos fueron distribuidos en distintos centros penitenciarios ubicados en varias regiones de Colombia. Entre los destinos se encuentran establecimientos de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Ibagué, Palmira y El Barne.
La estrategia busca evitar que los principales integrantes de estructuras delincuenciales permanezcan concentrados en un mismo penal y, de acuerdo con la administración de De la Espriella, reducir su capacidad para mantener comunicación con sus organizaciones, impartir órdenes o coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.
El mandatario colombiano presentó la operación como una medida destinada a terminar con los privilegios de los internos considerados de mayor peligrosidad y recuperar el control institucional de los centros penitenciarios.
El movimiento adquiere especial relevancia por el perfil de algunos de los internos trasladados. Entre ellos aparecen reconocidos cabecillas de organizaciones criminales que durante los últimos años estuvieron vinculados a estructuras con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá.
Entre los nombres mencionados se encuentra José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como “Douglas”, señalado como uno de los principales líderes de La Terraza y quien fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Bogotá.
También figura Freyner Alonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, relacionado con estructuras criminales de Medellín y enviado a Valledupar.
Otros internos de alto perfil fueron igualmente separados y enviados a diferentes establecimientos, con lo que el Gobierno colombiano pretende impedir la concentración de liderazgos criminales dentro de un mismo centro penitenciario.
La decisión representa además un cambio significativo en la política de seguridad respecto a la administración anterior.
Varios de los internos trasladados habían estado relacionados con procesos de acercamiento y negociación impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro bajo la denominada política de Paz Total.
De la Espriella ha marcado distancia con ese modelo y ha sostenido que el diálogo con las estructuras criminales ya no constituye la vía principal para enfrentar la violencia, privilegiando en cambio el sometimiento a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
El Gobierno colombiano sostiene que las prisiones no pueden convertirse en centros de mando de las organizaciones delictivas y que quienes se encuentran privados de la libertad deben cumplir sus condenas sin conservar capacidad para dirigir operaciones en el exterior.
La operación también genera preocupación por las posibles reacciones de los grupos afectados.
Autoridades de Antioquia han advertido que el movimiento de los principales cabecillas podría provocar reacomodos dentro de las estructuras criminales y eventuales intentos de respuesta contra las instituciones de seguridad.
Por ello, la Fuerza Pública se mantiene en alerta ante la posibilidad de que las organizaciones busquen reorganizar sus mandos o emprender acciones como represalia por el traslado de sus principales dirigentes.
Más allá de los nombres y de los penales involucrados, la operación representa el primer gran mensaje de la administración de De la Espriella en materia penitenciaria: el Gobierno pretende recuperar el control de las cárceles y evitar que los grupos criminales continúen ejerciendo influencia desde ellas.
El verdadero desafío comenzará ahora. Las autoridades tendrán que demostrar que la dispersión de los internos efectivamente reduce su capacidad de comunicación y mando y que el traslado no se limita a cambiar de ubicación a los líderes de las organizaciones criminales.
La medida también pondrá a prueba la capacidad del sistema penitenciario colombiano para mantener bajo control a internos considerados de alta peligrosidad en diferentes establecimientos del país.
Por lo pronto, el nuevo gobierno ha dejado clara su postura. La administración de Abelardo de la Espriella pretende romper con cualquier esquema que permita a los grupos criminales conservar poder desde las cárceles y coloca el control penitenciario como una de las primeras piezas de su nueva estrategia de seguridad.
Fuente: Información propia con datos de Sputnik y agencias informativas de Colombia
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