Derivado de los hechos violentos cometidos poco después de la asunción del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, donde grupos criminales emplearon explosivos en diversas zonas del país sudamericano, el órgano autónomo se pronunció al respecto.
“El riesgo para la población civil es enorme, por eso es importante que el gobierno tome en cuenta los impactos en diferentes regiones”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, en entrevista para RCN Noticias.
De igual manera, comentó que estas reacciones también son secuela del anuncio que hizo el nuevo mandatario sobre el férreo combate contra las organizaciones delictivas.
“No podemos hablar de una operación concertada, pero es previsible que, en estos primeros días de gobierno, especialmente porque se han cerrado las posibilidades de diálogo, quieran mostrar el poder territorial y armado que tienen”, reflexionó. Sputnik
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