Con la intención de establecer reglas precisas para los retenes y evitar que los ciudadanos queden expuestos a revisiones sin una justificación clara, Sergio Gil presentó ante el Congreso de Nuevo León una propuesta de reformas que denominó “Ley Hartazgo”.
El notario público acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para entregar la iniciativa, cuyo eje principal es definir quién puede ordenar un punto de revisión, en qué circunstancias puede instalarse y cuáles son las obligaciones que deben cumplir los elementos encargados de llevarlo a cabo.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley de Movilidad y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el objetivo de establecer un procedimiento uniforme para este tipo de operativos.
Uno de los planteamientos centrales es que los ciudadanos puedan identificar plenamente al agente que realiza una revisión y conocer el fundamento que motiva la intervención. Para ello, los elementos deberán portar la indumentaria correspondiente, proporcionar su nombre o número de placa y explicar la razón del procedimiento.
Gil también plantea que la legislación distinga entre una revisión preventiva y aquellos filtros instalados ante la posibilidad de que se haya cometido un delito en determinada zona, de manera que las autoridades tengan que justificar el tipo de operativo que están realizando.
La iniciativa incorpora además la utilización obligatoria de sistemas de videograbación durante las revisiones. Los agentes deberán informar al ciudadano que la intervención está siendo registrada mediante una cámara corporal o el equipo instalado en la patrulla.
Las grabaciones, de acuerdo con la propuesta, deberán mantenerse activas durante el procedimiento y conservarse por el periodo que establezca la legislación, con el propósito de generar un registro de la actuación de los elementos.
El promovente sostiene que contar con evidencia audiovisual puede servir para inhibir posibles actos de corrupción, cobros indebidos o conductas que vulneren los derechos de las personas durante los retenes.
Otro de los aspectos planteados es que los agentes actúen bajo criterios de respeto y apego al estado de derecho, particularmente en lo relacionado con los derechos humanos y la libertad de tránsito.
La propuesta surge en un contexto de inconformidad ciudadana por la manera en que son implementados algunos puntos de revisión, por lo que Gil consideró necesario trasladar esas preocupaciones a modificaciones concretas en el marco jurídico estatal.
El objetivo final, explicó, es que los retenes dejen de operar bajo criterios ambiguos y que exista certeza tanto para las autoridades como para los ciudadanos respecto a quién puede autorizarlos, cómo deben realizarse y cuáles son los límites de la actuación policial.
La iniciativa quedó formalmente presentada ante el Congreso del Estado y deberá continuar el proceso legislativo correspondiente para su análisis.
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