Ciudad de México.— La tensión dentro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó expuesta este jueves luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama acusara a sus compañeros de mostrar una “animadversión insana” durante la discusión de uno de sus proyectos y relacionara el ambiente con las observaciones que presentó al presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2027.
Durante la sesión del Pleno, Batres decidió retirar el proyecto que había presentado después de cuestionar que las objeciones planteadas por sus pares no estuvieran sustentadas, a su consideración, en argumentos jurídicos.
“Veo una animadversión insana”, expresó la ministra al anunciar que retiraría su propuesta y pedir que se formularan observaciones sobre el asunto.
Batres vinculó el episodio con un oficio que envió al Órgano de Administración Judicial, en el que cuestionó el incremento presupuestal solicitado por la Corte para el próximo ejercicio fiscal y algunas prestaciones destinadas a servidores públicos del Poder Judicial.
El documento, dirigido al presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, señala que en sesión privada del 6 de agosto el Pleno aprobó solicitar un presupuesto de 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para 2027, lo que representa un incremento de 17.2 por ciento respecto al monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.
En el escrito, Batres sostiene que la Corte pudo funcionar durante este año con un presupuesto reducido y cuestiona que dentro del anteproyecto se hayan contemplado nuevamente gastos que, desde su perspectiva, deberían eliminarse.
Entre ellos menciona los seguros de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos, incluidos mandos medios y superiores, prestación que había sido eliminada anteriormente.
La ministra también planteó revisar los gastos relacionados con pensiones de exministras y exministros y determinadas plazas destinadas a ese sector. En su documento refiere montos superiores a 54 millones de pesos por el excedente de pensiones y 39 millones de pesos relacionados con plazas, de acuerdo con información de la Dirección de Gestión Administrativa de la Corte.
Batres sostuvo además que la Ley Federal de Austeridad Republicana establece restricciones para la contratación con recursos públicos de seguros privados de gastos médicos mayores y argumentó que estas prestaciones no pueden justificarse como derechos laborales cuando se trata de beneficios que, según su interpretación, están expresamente limitados por la legislación.
La ministra informó que votó en contra del presupuesto en su conjunto y también contra la restitución de los seguros de gastos médicos mayores.
El documento también señala que solicitó retirar de su propia ponencia los recursos destinados al seguro de separación individualizada y al seguro de gastos médicos mayores para 95 personas, al afirmar que ni ella ni su personal han recibido esas prestaciones desde su incorporación a la Suprema Corte.
El intercambio ocurrido durante la sesión llevó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz a intervenir para responder a la acusación de Batres. Señaló que personalmente desconocía el oficio al que hacía referencia y rechazó que su contenido tuviera relación con la discusión del proyecto.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa también respondió y consideró preocupantes las expresiones de Batres, al señalar que las intervenciones realizadas durante la discusión correspondían a cuestionamientos sobre el proyecto y no a ataques personales contra quien lo presentó.
El asunto que provocó el enfrentamiento estaba relacionado con una contradicción entre tribunales colegiados respecto a la manera en que deben notificarse a las autoridades las sentencias de amparo emitidas el mismo día de la audiencia.
La propuesta de Batres buscaba establecer como criterio obligatorio que esas resoluciones fueran notificadas mediante oficio y no únicamente por lista, con el argumento de que las autoridades deben tener conocimiento formal de las obligaciones derivadas de una sentencia para poder cumplirlas o, en su caso, impugnarlas.
El episodio ocurre mientras el nuevo Pleno de la Suprema Corte comienza a definir sus posiciones internas y en medio de la discusión sobre el presupuesto que ejercerá el Poder Judicial durante 2027.
Más allá del proyecto retirado, la confrontación dejó sobre la mesa una diferencia de fondo: mientras Batres cuestiona el aumento presupuestal y la recuperación de determinadas prestaciones, el resto del Pleno defendió que las objeciones al proyecto discutido correspondían al debate jurídico y no a una confrontación personal.
El documento presentado por Batres ante el Órgano de Administración Judicial confirma que su cuestionamiento al presupuesto no surgió durante la sesión de este jueves, sino que forma parte de una posición que la ministra ya había formalizado por escrito.
Así, la discusión dentro de la Corte no sólo quedó centrada en un criterio sobre notificaciones de amparo. También abrió públicamente un nuevo frente sobre el gasto, las prestaciones y la política de austeridad que deberá observar el Poder Judicial de la Federación.
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Foto: Tomada de cortesía: https://x.com/LeniaBatres
