Hay niñas, niños y adolescentes que, mientras deberían estar concentrados en la escuela, jugando o desarrollándose, tienen que asumir responsabilidades de cuidado dentro de sus propios hogares. Esa realidad, muchas veces silenciosa, es la que busca llevar al terreno de la ley la diputada Paloma Domínguez Ugarte, del PRI.
La legisladora presentó una iniciativa para modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la intención de que el Estado reconozca expresamente a quienes, por las circunstancias de su familia, terminan cuidando de manera cotidiana a personas dependientes.
El planteamiento parte de un problema que puede pasar inadvertido: cuando un menor falta a clases, baja su rendimiento, abandona actividades escolares o simplemente deja de tener tiempo para sí mismo, detrás de esa situación puede existir una carga de cuidados dentro del hogar.
Actualmente, señala la propuesta, el marco legal contempla a niñas, niños y adolescentes principalmente como personas que deben recibir cuidados, pero no aborda de manera específica los casos en que ellos mismos terminan convirtiéndose en cuidadores.
Para Domínguez Ugarte, esa omisión impide que las autoridades conozcan la dimensión real del problema y, sobre todo, que puedan intervenir antes de que las responsabilidades familiares terminen afectando derechos fundamentales.
La iniciativa plantea reconocer e identificar a estas infancias y establecer mecanismos de protección para evitar que las tareas de cuidado comprometan su educación, descanso, esparcimiento y desarrollo integral.
El proyecto también contempla que quienes se encuentren en esta situación puedan recibir acompañamiento institucional cuando las circunstancias familiares los obliguen a asumir responsabilidades que rebasen lo esperado para su edad.
La propuesta pone especial atención en el ámbito educativo. La intención es que las autoridades puedan detectar cuando el ausentismo, el rezago académico o incluso el abandono escolar estén relacionados con responsabilidades de cuidado y no sean tratados simplemente como problemas de rendimiento o falta de interés.
De ahí que se planteen medidas como flexibilización, canalización hacia instituciones especializadas y apoyo psicosocial para los menores que requieran asistencia.
El objetivo no sería quitarles a los menores la posibilidad de ayudar a sus familias, sino evitar que esa ayuda termine convirtiéndose en una obligación que los prive de derechos básicos.
La reforma también busca que los gobiernos federal, estatales y municipales cuenten con mecanismos para identificar estos casos y coordinar respuestas entre las áreas de protección de derechos, educación y asistencia social.
Otro de los alcances de la propuesta es generar información que actualmente resulta insuficiente. Si las instituciones pueden identificar cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta situación y cuáles son las consecuencias que enfrentan, será posible diseñar políticas públicas específicas y no respuestas generales.
La discusión toca además un punto que durante años ha permanecido fuera de buena parte de las políticas de infancia: cuidar también puede convertirse en una carga cuando quien cuida todavía necesita ser cuidado.
Por ello, la iniciativa turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia busca que las responsabilidades familiares de estos menores dejen de ser invisibles para las instituciones.
El reto legislativo será convertir ese reconocimiento en mecanismos que realmente funcionen. Identificar a las infancias cuidadoras será apenas el primer paso; el siguiente será garantizar que ninguna niña, niño o adolescente tenga que sacrificar su educación, su descanso o su proyecto de vida por asumir responsabilidades que corresponden a los adultos y a las redes de protección social.
La propuesta del PRI abre así un debate sobre una realidad que ocurre dentro de muchos hogares y que, precisamente por suceder puertas adentro, puede permanecer fuera de las estadísticas y de la atención pública.
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