Seguridad y política bajo la lupa: Morena, la “mafia rumana” y la Ley Rocky
Las cifras que presume Estados Unidos son contundentes: desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, las autoridades estadounidenses reportan más de 10 mil detenidos relacionados con este tipo de delitos, además del decomiso de más de 50 mil armas de fuego, cerca de 2.9 millones de cartuchos y 31 mil explosivos ilegales.
Son números que Washington presenta como parte de una estrategia para golpear a cárteles, pandillas y redes de contrabando. Pero también obligan a una pregunta: ¿qué está haciendo México frente a un problema que no conoce fronteras?
Mientras se habla de combatir al crimen y fortalecer las instituciones, en la política mexicana aparecen episodios que también obligan a mirar hacia adentro.
El caso de Alejandro Arcos Romero vuelve a poner a Morena bajo presión después de que su propia dirigencia reconociera que figura como afiliado desde 2013, pese a que anteriormente se había sostenido lo contrario. El asunto adquiere mayor relevancia por los señalamientos periodísticos que lo han relacionado con la llamada “mafia rumana”, acusaciones que no deben confundirse con una sentencia judicial, pero que sí ameritan explicaciones políticas.
Si Morena habla de transformación, honestidad y combate a la corrupción, también debería explicar cómo funcionan sus filtros y quién responde cuando personajes cuestionados aparecen en sus padrones o alrededor de proyectos políticos.
En otro frente aparece la llamada Ley Rocky, una propuesta que pretende convertir la protección animal en una política nacional y no dejarla a merced de las diferencias entre estados. La iniciativa plantea crear un Sistema Nacional de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, establecer protocolos para denuncias, rescate, atención veterinaria e investigación, fortalecer la medicina veterinaria forense e impulsar campañas permanentes de esterilización, vacunación y tenencia responsable. También busca mejorar la coordinación entre Federación, estados y municipios para que los casos de crueldad no terminen perdiéndose entre vacíos legales o falta de respuesta institucional.
Y aquí está el verdadero fondo del asunto: la propuesta surge después del caso de Rocky, pero pretende ir mucho más allá de un caso que provocó indignación. Son miles los animales que enfrentan abandono, golpes, envenenamiento, peleas clandestinas y otras formas de maltrato. La iniciativa de Fuensanta Guerrero plantea que la protección deje de depender de la presión en redes sociales o del lugar donde ocurra la agresión. La pregunta, como en tantos otros temas, será si el país está dispuesto a pasar de la indignación a una política pública que realmente se cumpla.
Y precisamente en materia de seguridad, Nuevo León será sede este miércoles 19 de agosto del Foro Nacional de Seguridad y Paz, Foro Nuevo León, donde participarán Miguel Ángel Riquelme, Rolando Zapata Bello, Adrián de la Garza, Rubén Moreira y Miguel Alonso, quienes compartirán experiencias y estrategias aplicadas durante sus respectivas responsabilidades públicas.
El encuentro puede ser una oportunidad para pasar del discurso a la revisión de resultados: qué funcionó, qué falló y qué puede hacerse distinto frente a una ciudadanía que exige seguridad y no solamente anuncios.
Porque seguridad, justicia, política y protección animal tienen algo en común: no basta con buenos discursos. La ciudadanía exige instituciones que funcionen, reglas que se cumplan y autoridades capaces de asumir responsabilidades cuando las cosas no salen bien.
Porque el verdadero reto no es anunciar que se está haciendo algo. Es demostrarlo con resultados.
