Melisa Peña advierte que la prevención puede evitar tragedias y propone intervenir los puntos con mayor riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas
El exceso de velocidad continúa representando uno de los principales riesgos para quienes utilizan las calles de Nuevo León, particularmente peatones, ciclistas y motociclistas, por lo que la diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, planteó reforzar las medidas de seguridad vial en los 51 municipios del estado.
A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora pidió a los Ayuntamientos revisar sus vialidades e identificar los sitios donde existe mayor riesgo de accidentes, con el propósito de implementar medidas preventivas que permitan reducir la posibilidad de atropellamientos y otros siniestros.
Peña sostuvo que la seguridad vial debe abordarse como un asunto directamente relacionado con la protección de la vida, debido a que un accidente puede dejar lesiones graves, discapacidades permanentes o incluso provocar la muerte.
Como parte de su argumento, citó información del INEGI, según la cual entre 2020 y 2024 se registraron en Nuevo León 7 mil 952 atropellamientos. La cifra representa un promedio aproximado de 4.35 casos diarios durante ese periodo.
Ante este escenario, consideró que los municipios deben actuar antes de que ocurran los accidentes y no limitarse a responder cuando una tragedia ya se presentó.
La propuesta contempla que los Ayuntamientos realicen estudios técnicos para determinar cuáles son los puntos que requieren intervención y, a partir de esos análisis, implementar medidas como reductores de velocidad, topes, señalización preventiva y otros dispositivos de control vial.
También se plantea rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura existente, de manera que las medidas de seguridad realmente cumplan con su función.
La diputada pidió que la atención se concentre especialmente en zonas escolares, hospitales y centros de salud, parques, espacios deportivos, áreas habitacionales y cruces peatonales.
La prioridad también deberá estar en aquellos sitios donde exista una incidencia recurrente de atropellamientos o accidentes.
Para Peña, reducir la velocidad en los puntos de mayor riesgo puede representar la diferencia entre un incidente y una tragedia, particularmente para los usuarios más vulnerables de las vialidades.
El llamado incluye a peatones que diariamente cruzan las calles, niñas y niños que se trasladan hacia sus escuelas, personas adultas mayores y quienes utilizan bicicletas o motocicletas como medio de transporte.
La legisladora insistió en que las políticas de seguridad vial deben adelantarse al accidente y utilizar la información disponible para identificar dónde existen mayores posibilidades de que ocurra una tragedia.
El planteamiento busca que los 51 Ayuntamientos revisen sus vialidades y determinen, con base en estudios técnicos, dónde resulta necesario intervenir.
La discusión coloca nuevamente la seguridad vial como una responsabilidad que no corresponde únicamente a los conductores, sino también a las autoridades encargadas de diseñar, mantener y vigilar las calles.
Porque cuando una vialidad permite circular a velocidades peligrosas sin contar con mecanismos adecuados de prevención, el riesgo termina recayendo sobre quienes tienen menor protección frente a un vehículo.
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