México se abstiene, la política se degrada y el país sigue pagando la factura
Hay días en los que México parece empeñado en demostrar que puede caminar en sentido contrario al resto del continente. Y este miércoles fue uno de ellos.
Mientras la Organización de los Estados Americanos decidió elevar el nivel de discusión frente al rumbo que Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer en Nicaragua, México volvió a escoger la abstención. No votó en contra, pero tampoco respaldó la convocatoria para que los cancilleres de la región analicen la crisis provocada por el cierre de los espacios democráticos y el anuncio de suspender las elecciones.
Veintinueve países votaron a favor, Brasil en contra y México volvió a quedarse en medio. La explicación oficial fue la defensa del diálogo, la no intervención y la consideración de que la situación nicaragüense no representa una amenaza para la paz o la seguridad hemisférica.
El argumento puede sonar diplomáticamente correcto, pero políticamente deja una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la defensa de la soberanía cuando un gobierno decide cerrar las puertas a la democracia?
Porque una cosa es respetar la autodeterminación de los pueblos y otra convertirse en espectador cuando un régimen concentra el poder, elimina contrapesos y pretende cerrar la vía electoral.
México ya lo había hecho antes con Nicaragua. La abstención no es nueva. Lo nuevo es que ahora la situación parece todavía más grave y, aun así, nuestra diplomacia vuelve a esconderse detrás de la palabra diálogo.
La OEA no estaba votando una invasión. No estaba autorizando una intervención militar. Estaba buscando reunir a los ministros de Relaciones Exteriores para discutir una respuesta diplomática.
Y México decidió no acompañar.
¿De verdad esa es la posición que queremos proyectar ante América?
Porque mientras Managua aprieta el cerrojo, México parece seguir buscando la manera de no incomodar al dictador.
Y de Nicaragua pasamos al espectáculo doméstico, donde la política mexicana también parece haber perdido cualquier límite.
La sesión legislativa terminó convertida en una especie de ring verbal. Rubén Moreira lanzó primero el golpe contra Gerardo Fernández Noroña, cuestionando su discurso de tomar las armas para defender a López Obrador y preguntando, con sarcasmo, si primero no tendría que levantarse a trabajar y bañarse.
Después apareció Lilly Téllez con una provocación todavía más directa: pidió a los legisladores de Morena que rompieran sus visas estadounidenses si realmente consideraban una agresión contra la soberanía nacional la cancelación de la visa de Andy López Beltrán.
Y ahí vino la escena que parece sacada de una comedia política: Noroña tomó su visa, pero explicó que no podía romperla porque tiene lesionada una mano y tendría que esperar a recuperarse.
La tarjeta quedó intacta y el espectáculo completo.
Este es el nivel al que ha descendido una parte de nuestra política: unos piden que el otro se bañe; otra reta a romper visas; el aludido responde enseñando una tarjeta que no puede romper porque está lesionado.
Mientras tanto, afuera de ese circo, México tiene problemas reales.
Y uno de ellos volvió a incendiar Michoacán.
El nombre que aparece detrás de la violencia es Heraclio Guerrero, alias “Tío Lako”, señalado como un verdadero killer y como líder regional del CJNG. Su nombre aparece ligado a la reacción criminal desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Este miércoles, Michoacán volvió a vivir una jornada de violencia con bloqueos, vehículos incendiados y carreteras convertidas nuevamente en escenarios de miedo. Un operativo federal terminó con la detención de presuntos integrantes de la célula criminal, entre ellos personas cercanas a Guerrero, aunque el propio objetivo principal logró escapar.
La respuesta fue brutal.
Y eso debería preocuparnos mucho más que una visa rota.
Porque cuando un grupo criminal tiene capacidad para paralizar carreteras, incendiar vehículos y desafiar a las fuerzas federales, la discusión ya no es solamente sobre estadísticas de seguridad. Es sobre quién tiene realmente el control de determinadas regiones.
Y mientras un verdadero killer puede poner de cabeza a un estado entero, la política nacional sigue ocupada en discutir visas, baños y provocaciones.
En medio de todo esto aparece otro nombre que puede resultar todavía más incómodo para el Gobierno: Fernando Farías Laguna.
El excontralmirante, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada al contrabando de combustible, será deportado desde Argentina hacia México. Su regreso puede convertirse en una pieza fundamental para conocer hasta dónde llegó una trama que no puede explicarse únicamente con unos cuantos empresarios y funcionarios menores.
Aquí sí habrá que poner los ojos encima.
Porque Farías Laguna no es cualquier personaje. Su regreso puede abrir información sobre una estructura en la que aparecen aduanas, combustible, dinero y presuntos vínculos dentro de instituciones que deberían ser precisamente las encargadas de combatir ese negocio.
Y si alguien conoce piezas importantes de esa historia, su traslado a México tendrá que hacerse bajo estrictas medidas de seguridad y con todas las garantías procesales.
No vaya a resultar que después aparezcan casualidades, silencios o pérdidas de memoria.
Y mientras el crimen organizado demuestra su capacidad de fuego, la política se entretiene con visas y baños, y la diplomacia mexicana se abstiene ante Nicaragua, la UNAM tampoco logra escapar de la crisis de confianza.
La máxima casa de estudios tuvo que repetir de manera presencial su examen de admisión después de las irregularidades detectadas en el proceso digital. Y ahora, durante esta segunda prueba, la propia Universidad reconoció 22 presuntos intentos de trampa, incluyendo alteraciones de comprobantes, uso de celulares e intentos de llevarse preguntas.
Más de 30 mil aspirantes acudieron a una de las sedes y la institución tuvo que volver a blindar un proceso que debería ser ejemplo de transparencia y meritocracia.
La UNAM está haciendo lo correcto al revisar los casos y garantizar el derecho de quienes pudieron resultar afectados. Pero el problema de fondo permanece: ¿cómo llegamos a un punto en el que hasta un examen de admisión universitario necesita convertirse en una operación de seguridad?
Ese es el México que tenemos enfrente.
