México registra celulares, pero aún busca quién controla el huachicol fiscal
México tiene una curiosa manera de demostrarnos que la realidad puede superar a la ficción.
Ahora resulta que millones de mexicanos debemos registrar nuestra línea telefónica para que el Estado sepa quién está detrás de un número celular. La explicación oficial es combatir la extorsión, el fraude y otros delitos cometidos mediante teléfonos. El objetivo, en el papel, parece razonable.
Lo que preocupa es lo que viene después.
Porque una cosa es combatir a quienes utilizan la telefonía para delinquir y otra muy distinta es que el ciudadano termine sintiendo que cada aparato que lleva en el bolsillo se convierte en una extensión de la vigilancia gubernamental.
Más de 2.6 millones de líneas con terminación en cero ya fueron suspendidas por no haber cumplido con el registro. Y el calendario todavía no termina.
Esperemos que, cuando todos estemos debidamente identificados, no aparezcan mañana historias de llamadas extrañas, intentos de extorsión, filtraciones de información o, peor aún, sospechas de que nuestras comunicaciones puedan estar siendo escuchadas.
Porque entonces la pregunta será inevitable: ¿quién vigila a quienes vigilan?
El Gobierno tendrá que demostrar que el registro sirve realmente para combatir al delincuente y no para convertir la privacidad de millones de ciudadanos en una moneda de cambio.
Y mientras México se ocupa de registrar teléfonos, hay otro asunto mucho más oscuro que exige respuestas.
La llegada a México del excontralmirante Fernando Farías Laguna vuelve a poner sobre la mesa el caso del huachicol fiscal, una trama que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, habría permitido introducir hidrocarburos de manera ilegal, evadir impuestos y utilizar empresas formalmente constituidas para distribuir el combustible.
Aquí no estamos hablando de una llamada sospechosa.
Estamos hablando de barcos, aduanas, funcionarios, empresas y millones de litros de hidrocarburos.
La FGR ha informado de 15 personas detenidas, entre ellas 12 funcionarios públicos, además del aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, así como una afectación económica estimada en 340 millones de pesos.
Fernando Farías Laguna ya está en manos de las autoridades mexicanas y deberá responder ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra.
Aquí es donde México necesita algo más que discursos.
Necesita resultados.
Que se llegue hasta el último eslabón de la cadena.
Que se conozca quién autorizó, quién permitió, quién revisó, quién recibió, quién distribuyó y quién se benefició.
Que no termine todo en el detenido de mayor exposición pública mientras quienes pudieron construir, financiar, facilitar o proteger la operación permanecen intocables.
Y en medio de todo esto aparece otro dato que también merece una reflexión.
Excélsior publica un ejercicio sobre los diputados federales más productivos de la actual Legislatura. El resultado deja una fotografía incómoda para la mayoría oficialista: entre los 21 legisladores considerados más productivos por sus iniciativas presentadas y aprobadas, 15 pertenecen a la oposición.
Es decir, 71.42 por ciento.
No significa que presentar muchas iniciativas convierta automáticamente a un diputado en un buen legislador. Tampoco que pertenecer a la oposición sea garantía de eficiencia.
Pero sí abre una pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano: ¿qué están haciendo nuestros representantes con el enorme poder que les entregamos mediante el voto?
Porque el Congreso no debería ser una fábrica de discursos, fotografías, posicionamientos y conferencias de prensa.
Debería ser una fábrica de leyes útiles.
México necesita instituciones que den resultados, investigaciones que lleguen hasta el fondo y funcionarios que respondan por sus decisiones.
Registrar millones de teléfonos puede ser necesario para combatir delitos, pero la ciudadanía también espera que las grandes redes de corrupción no terminen convertidas en expedientes eternos.
El caso del huachicol fiscal está sobre la mesa. Ahora toca saber hasta dónde llega la investigación y quiénes más están detrás.
Esta vez, que no haya sorpresas ni carpetas olvidadas.
Que se llegue hasta el final.
Caiga quien caiga.
