La bancada de Movimiento Ciudadano busca que el Congreso de Nuevo León detenga el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, al argumentar que las investigaciones realizadas por las fiscalías estatal y Anticorrupción no encontraron elementos para acreditar delitos relacionados con los hechos que dieron origen al expediente legislativo.
La coordinadora emecista Sandra Pámanes acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local para entregar cinco carpetas de investigación, con la intención de que sean incorporadas al procedimiento que analiza la Comisión Anticorrupción.
De acuerdo con la legisladora, las investigaciones ministeriales concluyeron con determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal respecto de los hechos que también forman parte del procedimiento político.
Pámanes sostuvo que las documentales entregadas al Poder Legislativo establecen que no se acreditó la presunta triangulación de recursos ni un daño patrimonial a la Hacienda estatal, además de que tampoco se encontraron elementos para atribuir al gobernador la comisión de algún delito.
La diputada consideró que estas resoluciones deben ser analizadas por los integrantes de la Comisión Anticorrupción antes de continuar con el procedimiento, particularmente porque las investigaciones sobre posibles delitos corresponden al Ministerio Público.
“Lo que nosotros estamos solicitando es que esta acción por parte de la Comisión Anticorrupción quede sin efecto”, señaló Pámanes al referirse al procedimiento legislativo.
La legisladora cuestionó además que la Comisión Anticorrupción no haya solicitado información directamente a la Fiscalía General de Justicia y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pese a que ambas instituciones realizaron investigaciones relacionadas con los hechos que son materia del expediente.
Desde su perspectiva, contar con esas resoluciones permitiría a los diputados conocer el resultado de las investigaciones efectuadas por las autoridades con facultades para determinar si existieron conductas delictivas.
Piden valorar las resoluciones ministeriales
Pámanes también planteó que continuar con el procedimiento a partir de hechos que, según su exposición, ya fueron investigados y resueltos podría generar un conflicto con principios jurídicos como la seguridad jurídica y el denominado non bis in idem, que impide que una persona sea sometida nuevamente a un procedimiento por los mismos hechos bajo determinadas circunstancias.
El escrito presentado ante el Congreso advierte que insistir en revisar nuevamente hechos que ya fueron objeto de determinaciones ministeriales podría incluso derivar en responsabilidades para quienes participan en la integración del procedimiento legislativo.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano cuestionó, además, que el juicio político haya sido admitido sin que inicialmente existieran elementos probatorios suficientes, y señaló que una nota periodística utilizada como referencia dentro del procedimiento ya había sido considerada en las investigaciones ministeriales.
Con la entrega de las cinco carpetas, la bancada de Movimiento Ciudadano pretende que la Comisión Anticorrupción incorpore las resoluciones al expediente y valore si existen condiciones jurídicas para mantener vigente el procedimiento contra el gobernador.
El planteamiento queda ahora en manos de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, que deberá determinar el alcance que tendrán las documentales presentadas por Pámanes dentro del proceso legislativo.
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