El Municipio de San Pedro Garza García y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) establecieron una nueva ruta de colaboración para fortalecer la Justicia Cívica y elevar los estándares de actuación de los servidores públicos municipales.
A través de un Convenio General de Coordinación, ambas instituciones acordaron trabajar en capacitación, profesionalización, asesoría y supervisión en materia de derechos humanos, con especial atención a los procedimientos relacionados con la Justicia Cívica.
El acuerdo busca que las actuaciones de las autoridades municipales se desarrollen bajo criterios de legalidad, respeto a la dignidad de las personas y protección de sus derechos, además de contribuir a prevenir posibles prácticas de tortura o tratos crueles.
El convenio fue suscrito por el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacomán, y la secretaria del Ayuntamiento, Gilda Gabriela Guajardo Garza. Por parte de la CEDHNL participó su presidenta, Olga Susana Méndez Arellano.
Durante la firma, Farah Giacomán destacó la importancia de revisar y fortalecer los procedimientos mediante los cuales opera el gobierno municipal, particularmente en áreas vinculadas con Justicia Cívica, seguridad, protección de niñas, niños y adolescentes, así como contraloría y transparencia.
El edil señaló que para la administración sampetrina es prioritario que las acciones de gobierno cuenten con mecanismos que permitan dar certeza a la ciudadanía respecto al respeto de sus derechos.
Como parte de la coordinación, la CEDHNL proporcionará acompañamiento especializado al personal municipal, además de participar en acciones de capacitación y profesionalización.
También se contempla la supervisión y asesoría de los procedimientos de Justicia Cívica, con el propósito de detectar áreas de oportunidad y fortalecer las prácticas institucionales bajo estándares de derechos humanos.
Con este acuerdo, San Pedro busca consolidar un modelo de Justicia Cívica que no solamente atienda las conductas que afectan la convivencia comunitaria, sino que también garantice que la actuación de las autoridades se realice con respeto a las garantías y la dignidad de las personas.
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