CDMX.- La investigación por huachicol fiscal ya no apunta únicamente a una operación clandestina de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo investigación una estructura que habría involucrado a funcionarios públicos, empresarios, socios, operadores y empresas legalmente constituidas, con una afectación económica estimada en 340 millones de pesos y nuevas órdenes de aprehensión en proceso.
El expediente tiene como uno de sus principales señalados al excontralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y trasladado a México para enfrentar las acusaciones formuladas en su contra. Su llegada al país representa uno de los capítulos centrales de una investigación que, de acuerdo con la Fiscalía, continúa ampliándose.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que las indagatorias han permitido reconstruir parte del mecanismo mediante el cual presuntamente ingresaban hidrocarburos al país bajo declaraciones que los identificaban como otros productos, con lo que se habría buscado evadir impuestos y posteriormente colocar el combustible en el mercado.
La investigación comenzó a tomar mayor fuerza después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tamaulipas, cargado con millones de litros de diésel. A partir de ese operativo, las autoridades siguieron la ruta de los hidrocarburos, las operaciones aduaneras y las empresas que habrían participado en su distribución.
Otro aseguramiento de dimensiones similares ocurrió posteriormente en Ensenada, Baja California, lo que permitió a los investigadores establecer que no se trataba de un hecho aislado.
Según la FGR, el esquema habría utilizado documentación aduanera manipulada, revisiones simuladas y alteraciones en volúmenes y muestras de los productos para facilitar el ingreso del hidrocarburo.
Las investigaciones han identificado operaciones relacionadas con Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, aunque la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación.
15 detenidos y más órdenes de captura
Hasta ahora, la FGR reporta 15 personas detenidas como parte de las investigaciones, 12 de ellas identificadas como funcionarios públicos.
La autoridad también ha asegurado 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles vinculados con las indagatorias.
Pero el expediente está lejos de cerrarse.
Ernestina Godoy informó que el Ministerio Público Federal cuenta con elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y presuntos enlaces relacionados con la distribución del hidrocarburo.
La ampliación de las investigaciones coloca bajo revisión no solamente a quienes habrían participado directamente en el ingreso del combustible, sino también a quienes presuntamente facilitaron su comercialización y movimiento mediante estructuras empresariales.
Fernando Farías, trasladado a México
Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Argentina, donde permaneció bajo custodia mientras se resolvía su situación.
La FGR había solicitado su captura y, tras las actuaciones correspondientes, se activó una ficha roja de Interpol.
Finalmente, las autoridades argentinas determinaron su expulsión y entrega a México. El excontralmirante fue trasladado en una aeronave de la Secretaría de Marina y quedó bajo custodia de autoridades mexicanas.
La Fiscalía informó que será presentado ante un juez de control federal y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.
La acusación deberá ser sostenida ante la autoridad judicial con los datos de prueba correspondientes, mientras que la defensa tendrá derecho a controvertir los señalamientos dentro del proceso.
El nombre de José Rafael Ojeda Durán
Otro de los nombres que aparece en los antecedentes de esta investigación es el del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con lo expuesto por la propia Fiscalía, Ojeda Durán habría informado en su momento sobre acciones relacionadas con la presunta red al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, lo que derivó en el inicio de investigaciones.
Farías Laguna es sobrino de Ojeda Durán, un vínculo familiar que ha generado especial atención alrededor del expediente, aunque la existencia de esa relación no implica por sí misma responsabilidad penal.
La FGR deberá establecer, mediante sus investigaciones y ante los tribunales, la responsabilidad individual de cada persona que sea señalada.
El caso que abrió la investigación
El aseguramiento del Challenge Procyon se convirtió en una pieza fundamental para profundizar las indagatorias.
La embarcación fue localizada con una carga millonaria de diésel en Tamaulipas. Posteriormente, otro buque fue detectado en Baja California con una cantidad similar de combustible.
A partir de esos casos, las autoridades comenzaron a seguir la posible ruta del hidrocarburo y encontraron indicios sobre mecanismos utilizados para declararlo ante las autoridades como aceites, aditivos u otros productos.
La hipótesis de la Fiscalía es que esta maniobra permitía reducir o evitar el pago de las contribuciones correspondientes y después introducir el combustible al circuito comercial mediante compañías formalmente constituidas.
El seguimiento también llevó a los investigadores hacia posibles irregularidades en las aduanas, entre ellas pedimentos presuntamente manipulados, revisiones que no se habrían realizado y diferencias entre los volúmenes declarados y los productos realmente transportados.
La investigación sigue abierta
La cifra de 340 millones de pesos corresponde a la afectación económica que la Fiscalía atribuye hasta ahora al esquema investigado y al hidrocarburo recuperado.
Sin embargo, la propia autoridad ha dejado claro que las investigaciones continúan y que podrían surgir nuevas órdenes de aprehensión.
El expediente involucra ya aseguramientos de combustible, vehículos, inmuebles y detenciones de funcionarios, pero también apunta hacia accionistas, socios, apoderados y operadores que presuntamente habrían permitido que el combustible llegara a los canales de distribución.
El caso permanece bajo investigación de la FGR y será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad penal de las personas imputadas.
Todos los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
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