El organismo reconoció la colaboración entre Gobierno, empresas y sociedad, pero llamó a garantizar que la agilización de trámites, la certeza jurídica y la atención de las autoridades estén disponibles para todas las personas y empresas por igual.
El Consejo Cívico de Nuevo León pidió al Gobierno del Estado precisar el alcance de los beneficios anunciados para las empresas participantes en el programa “Ponte Nuevo”, luego de que el gobernador Samuel García informara que el esquema de colaboración público-privada será institucionalizado.
El organismo señaló que la certeza jurídica, la atención oportuna, la agilización de trámites y la actuación transparente de las autoridades son obligaciones del Estado, por lo que cualquier mecanismo destinado a fortalecer estos aspectos debe traducirse en mejores condiciones para la población en general.
“Ponte Nuevo” surgió en el contexto del Mundial 2026 como un esquema de colaboración entre el Gobierno estatal, empresas y cámaras empresariales, mediante el cual se realizaron aportaciones para proyectos relacionados con imagen urbana, movilidad y desarrollo social.
Durante el anuncio realizado el pasado 21 de agosto, el gobernador Samuel García habló de un “trato preferencial” para las empresas participantes, que incluiría agilización de trámites y permisos, además de un canal de atención directa ante posibles irregularidades en la actuación de servidores públicos.
“Ante cualquier acto de molestia del Estado, cualquiera, fíjense lo que digo, SAT, Medio Ambiente, Inspección Laboral, el que sea, Fuerza Civil, cualquier competencia de Samuel, del Estado, ustedes tienen un trato preferencial porque ayudaron a Nuevo León a ser su mejor versión”, expresó el mandatario.
De acuerdo con lo anunciado, estos beneficios serían formalizados posteriormente mediante un decreto del Ejecutivo estatal.
Ante ello, el Consejo Cívico reconoció la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado, así como de la participación de la sociedad civil para atender los retos de Nuevo León.
El organismo recordó que la participación de empresas, cámaras, organizaciones y ciudadanos en proyectos de beneficio colectivo forma parte de la colaboración que históricamente ha contribuido al desarrollo del estado, y consideró que esa corresponsabilidad no debería estar condicionada a la obtención de un trato diferenciado.
El Consejo Cívico planteó la necesidad de que el alcance de lo anunciado quede claramente establecido, particularmente en lo relacionado con la atención y los beneficios que recibirán las empresas participantes.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno de Nuevo León para eliminar las barreras que enfrentan personas y empresas al interactuar con las autoridades y garantizar que la agilización de trámites, el combate a la corrupción y la certeza jurídica estén disponibles para todas y todos.
El organismo subrayó que el acceso a estos mecanismos no debería estar condicionado a la participación en un programa ni a la realización de aportaciones económicas.
Finalmente, el Consejo Cívico sostuvo que Nuevo León requiere instituciones que funcionen de manera eficiente y bajo condiciones de igualdad para todas las personas.
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