Rocha duró un día; Sheinbaum marca distancia, Mijes avanza y la 4T vuelve a tropezar con sus contradicciones
Hay días en que la política mexicana parece escrita por alguien empeñado en poner a prueba la paciencia de los ciudadanos. Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, después de meses de ausencia y en medio de señalamientos que lo colocaron bajo una enorme presión política. Duró apenas un día. Al siguiente volvió a pedir licencia por tiempo indefinido y ahora el Congreso de Sinaloa ya busca a quien habrá de sustituirlo. El episodio no necesita demasiadas explicaciones: el gobernador quiso regresar, encontró resistencia política y terminó saliendo nuevamente. Y esta vez la propia presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que era mejor para Sinaloa que se apartara. No lo dijo con nombres ni estridencias, pero el mensaje fue contundente: ningún interés personal puede estar por encima de los intereses de la nación. El segundo mensaje también fue claro: Sinaloa está primero. Y ahí está la novedad política: Sheinbaum comienza a ejercer el poder como presidenta de México, incluso frente a quienes todavía parecen creer que el país sigue siendo gobernado desde Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador.
La encuesta de Polister Encuestadora ayuda a entender por qué el regreso de Rocha se volvió insostenible. Entre quienes conocían el caso, 60.3 por ciento rechazó que regresara al cargo; 61.4 por ciento dijo no creerle cuando afirmó que volvía “con la frente en alto”; 68.9 por ciento consideró que el Gobierno federal debía pedirle que se apartara mientras se aclaraban los señalamientos y 65.4 por ciento sostuvo que el episodio dañaba la imagen de Morena. Es decir, la sociedad estaba leyendo lo que la política quiso disfrazar como una simple decisión personal. Rocha no solamente enfrentaba un problema personal: se había convertido en un problema para Morena y para el Gobierno federal. Quizá por eso el deslinde llegó cuando ya no había demasiado margen para sostenerlo.
Y mientras Sinaloa ofrece ese espectáculo, Nuevo León comienza a mostrar otra fotografía rumbo a 2027. Claudia Sheinbaum ya mueve piezas para las gubernaturas que estarán en disputa y entre los perfiles que cuentan con su respaldo aparece Andrés Mijes. El alcalde con licencia de Escobedo gana terreno y, guste o no, su nombre ya está dentro de la conversación nacional de Morena. Habrá encuestas, discursos de unidad y seguramente se insistirá en que todo será democrático; pero sería ingenuo pensar que las señales que salen de la Presidencia no pesan. En política, cuando el poder manda mensajes, no siempre necesita pronunciarse de manera abierta. Para Nuevo León, el dato importante es que la sucesión ya comenzó y Morena parece decidido a construir una candidatura competitiva.
Y mientras los partidos se preparan para 2027, los ciudadanos enfrentan problemas mucho más concretos. The Competitive Intelligence Unit advierte que durante 2025 se registraron alrededor de 6.3 millones de reclamaciones por fraudes cibernéticos y que tres de cada cuatro fraudes ya ocurren por canales digitales. El phishing habría alcanzado a 13.5 millones de internautas mexicanos. Bancos falsos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y páginas apócrifas forman parte de una nueva delincuencia que avanza más rápido que las instituciones encargadas de combatirla. Mientras discutimos quién controla una gubernatura, quién aparece en una encuesta o quién tiene la cercanía con el poder, millones de mexicanos están expuestos a que les vacíen una cuenta con un mensaje que parece auténtico. Ese también debería ser un asunto de Estado.
Y finalmente aparece otra contradicción que resulta difícil ignorar. México habla constantemente de soberanía y de no intervención en los asuntos internos de otros países, pero al mismo tiempo otorgó asilo diplomático a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana condenada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Ahora un juez peruano renovó la orden de localización y captura en su contra. La pregunta no es solamente jurídica; es política: ¿hasta dónde llega nuestra defensa de la soberanía cuando nosotros mismos intervenimos diplomáticamente en casos que pertenecen a otra nación? Si México no quiere intervenciones, tampoco debería comportarse como si tuviera autoridad moral para decidir quién debe ser protegido frente a las instituciones de otro país.
