Ciudad de México.- A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación alcanzó nuevamente a uno de los principales funcionarios de Guerrero durante aquellos hechos: el exgobernador Ángel Aguirre Rivero fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), señalado por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
La fiscal Ernestina Godoy informó que nuevas diligencias permitieron reconstruir una posible operación para desaparecer pruebas relacionadas con los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
De acuerdo con la investigación, un testigo protegido declaró en mayo de 2026 que Aguirre habría ordenado, durante una reunión con funcionarios de alto nivel de su gobierno, eliminar cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos registrados en Iguala, detalla el Sol de México.
La acusación adquiere especial relevancia por unas videograbaciones que, según la FGR, captaron el paso del autobús Estrella de Oro número 1531 por las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Las cámaras de seguridad identificadas como 12 y 15 habrían registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas.
Inicialmente se informó que esas imágenes no existían debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, otro testimonio obtenido en enero de 2026 habría permitido confirmar que las grabaciones sí existían y que fueron sustraídas para entregarlas directamente al entonces gobernador.
La Fiscalía sostiene además que la persona que conocía la existencia del material habría sido amenazada, razón por la que decidió declarar más de una década después.
Con estos nuevos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Aguirre, al considerar acreditada su posible participación en el ocultamiento de evidencias fundamentales para determinar el paradero de los 43 estudiantes.
La detención coloca nuevamente al caso Ayotzinapa en el centro de la discusión nacional y abre una interrogante particularmente delicada: cuánto de la verdad pudo haber quedado fuera de las primeras investigaciones debido a la desaparición deliberada de pruebas.
Aguirre gobernó Guerrero desde 2011 hasta el 23 de octubre de 2014. Abandonó el cargo semanas después de la desaparición de los normalistas, en medio de una crisis política y social que convirtió a Ayotzinapa en uno de los casos más emblemáticos de desaparición de personas en México.
Su detención se suma a la de otros exfuncionarios procesados por este caso, entre ellos el exprocurador Jesús Murillo Karam y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Ahora, la investigación federal coloca el foco no solamente en quienes pudieron haber participado directamente en la desaparición de los estudiantes, sino también en quienes, desde las estructuras gubernamentales, pudieron haber intervenido para impedir que las evidencias llegaran a manos de los investigadores.
La pregunta que permanece abierta después de casi 12 años es tan sencilla como contundente: ¿cuántas piezas de la verdad fueron ocultadas aquella noche y quiénes ordenaron desaparecerlas?
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