Ciudad de México.- El Congreso de México abrirá en septiembre su nuevo periodo de sesiones con la discusión de una iniciativa de ley impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar el delito de feminicidio en todo el país y elevar las penas de 50 hasta 70 años, aunque enfrenta cuestionamientos desde la oposición legislativa.
El proyecto de sanción al feminicidio será aprobado después del receso legislativo de verano boreal, para reglamentar una reforma a la Constitución que permite investigar ese delito de la misma manera en todos los estados del país, aprobada en abril por todas las fuerzas políticas del Congreso federal.
El proyecto de la presidenta contempla 19 agravantes que pueden aumentar las penas hasta en una mitad, como embarazo, discapacidad, o que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
La Ley General de Feminicidios define el delito como “privar de la vida a una mujer por razones de género”, pero la iniciativa de ley establece 10 razones de género, entre ellas, signo de violencia sexual; antecedentes de violencia contra la víctima; delito motivado por estereotipos o prejuicios; contextos de asimetría de poder o abuso de poder.
También ordena que toda muerte violenta de una mujer se investigue en forma automática bajo la hipótesis de feminicidio con perspectiva de género, y crea un registro nacional de menores de edad en orfandad por feminicidio.
OPOSICIÓN CUESTIONA “PROYECTO TARDÍO”
La diputada federal Ariana Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, dijo a la Agencia Sputnik que la iniciativa gubernamental “es tardía y diseñada solo para generar propaganda, no para construir una verdadera política de Estado” de derechos de las mujeres.
La legisladora recordó que su bancada presentó en abril una iniciativa contra el feminicidio, pero “sigue guardada en un cajón, mientras miles de mujeres son violentadas cada día”, lamentó.
Para la legisladora, la propuesta oficial se concentra en homologar el delito, aumentar sanciones y actuar cuando la mujer ya fue asesinada.
Rejón Lara considera que “una ley que comienza a funcionar después del feminicidio es una ley que llega tarde”.
La diputada opositora agregó que el proyecto “no desarrolla suficientemente la prevención del riesgo, protección inmediata, presupuesto, seguimiento de cada caso, ni las consecuencias para las autoridades que ignoran denuncias, pierden pruebas o abandonan a las víctimas”.
En ese orden, citó que 36 organizaciones feministas identificaron 12 debilidades en el texto enviado al Congreso por Sheinbaum: advirtieron que una investigación podría reclasificarse de feminicidio a homicidio común cuando no se considere acreditada la “razón de género”, sin garantizar la información, defensa e impugnación de las familias.
“No es una cuestión técnica: una mala reclasificación borra la violencia de género, reduce la gravedad del delito, altera las estadísticas y vuelve a lastimar a las familias”, advirtió la diputada a esta agencia.
ENDURECER PENAS SIN ATRAPAR ASESINOS
Por su parte, la diputada Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), dijo a la Agencia Sputnik que una disminución en cifras de feminicidios no significa necesariamente una reducción de la violencia.
“¿Bajó la violencia contra las mujeres o solamente bajó el número de asesinatos que las fiscalías clasifican como feminicidio?”, se preguntó al denunciar una supuesta manipulación en la reclasificación de las muertes de mujeres.
Para la diputada opositora, “endurecer una pena no sirve de nada si no se encuentra a los asesinos; crear nuevos protocolos no sirve si las fiscalías no tienen peritos; hablar de perspectiva de género no sirve si una mujer denuncia violencia y nadie la protege”.
Luna resumió la exigencia de su bancada: “México no necesita otra ley para colocarla en un estante”.
Argumenta que se necesita una ley con un presupuesto, fiscalías capacitadas, policías preparadas, órdenes de protección que funcionen, con investigación científica.
Sobre todo, puntualizó Luna, “necesita consecuencias para las autoridades que por negligencia abandonen a una mujer que pidió ayuda”.
Entre enero y junio de 2026 se registraron 315 víctimas de feminicidio, una disminución del 10,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante, organizaciones civiles y agencias internacionales advierten que, si se contabilizan todas las muertes violentas de mujeres, incluidos homicidios dolosos y culposos no tipificados como feminicidio, la cifra supera los 10 asesinatos diarios. (Sputnik)
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