La diputada Brenda Velázquez pidió transparentar avances, fechas y resultados de las medidas para enfrentar violencia y situaciones de riesgo en planteles; también reclamó instalar el Consejo Estatal de Participación Escolar
La seguridad dentro de las escuelas de Nuevo León volvió a colocarse en el centro del debate legislativo luego de que la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, exigiera a la Secretaría de Educación estatal informar qué avances existen en la actualización y publicación de los protocolos destinados a proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.
La legisladora advirtió que las medidas de prevención no pueden quedarse únicamente en disposiciones escritas, particularmente después de las amenazas de violencia registradas en distintos planteles del estado, situaciones que, consideró, han dejado clara la necesidad de contar con procedimientos precisos y personal preparado para responder ante una emergencia.
Durante la presentación de un Punto de Acuerdo, Velázquez sostuvo que las familias necesitan conocer cuáles son los mecanismos disponibles para actuar cuando se presenta una situación que pueda poner en riesgo a la comunidad escolar.
El planteamiento busca que la Secretaría de Educación informe al Congreso local sobre el estado que guardan los protocolos de seguridad escolar, así como el calendario previsto para su actualización y publicación.
La diputada recordó que la nueva Ley de Educación establece la obligación de implementar protocolos permanentes para prevenir y atender distintas formas de violencia dentro de las comunidades educativas, incluida la violencia física, psicológica y cibernética.
También contempla mecanismos para responder ante situaciones de crisis y establecer medidas de protección para quienes integran los planteles.
Sin embargo, Velázquez señaló que el plazo establecido por la propia legislación ha avanzado sin que, hasta el momento referido en el exhorto, se hubiera identificado una publicación oficial que permitiera conocer con claridad el avance de estas disposiciones.
Por ello, reclamó que la dependencia estatal transparente las fechas y etapas que contempla para completar el proceso.
La diputada consideró que la seguridad de niñas, niños y adolescentes no admite retrasos ni improvisaciones y sostuvo que el cumplimiento de la ley debe traducirse en acciones verificables dentro de los planteles.
El exhorto aprobado por unanimidad también aborda otro pendiente relacionado con la participación de la comunidad educativa.
Velázquez solicitó información sobre la instalación del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación, órgano que contempla la participación de madres y padres de familia, docentes y otros representantes vinculados con la comunidad escolar.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, el plazo previsto para su instalación ya había vencido, por lo que se pidió a la Secretaría de Educación aclarar si el consejo ya se encuentra integrado.
En caso de que no haya sido instalado, el exhorto solicita que se proceda de manera inmediata a su conformación.
La propuesta aprobada por la Diputación Permanente plantea así dos exigencias concretas a la autoridad educativa: informar al Congreso sobre el avance y calendario de los protocolos de seguridad escolar y, de no haberse constituido todavía el Consejo Estatal de Participación Escolar, completar su integración.
El debate ocurre en un contexto en el que las amenazas y situaciones de riesgo en planteles han incrementado la preocupación de las familias sobre las condiciones de seguridad en las escuelas.
Para la legisladora, contar con protocolos claros no debe representar solamente un requisito administrativo, sino una herramienta que permita saber quién debe actuar, cómo hacerlo y qué medidas deben adoptarse cuando se presenta una emergencia.
La exigencia de Morena pone nuevamente bajo presión a la Secretaría de Educación de Nuevo León para demostrar que las disposiciones establecidas en la legislación pueden convertirse en mecanismos efectivos de prevención y respuesta.
El llamado legislativo es, en esencia, a pasar del papel a la acción: establecer reglas claras, capacitar al personal, informar a las comunidades escolares y garantizar que los protocolos existan y puedan aplicarse cuando realmente sean necesarios.
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