La alianza con universidades y constructoras pretende crear un banco de proyectos y ayudar a los gobiernos municipales a convertir sus necesidades de obra en iniciativas con viabilidad técnica y financiera
La infraestructura municipal de Nuevo León enfrenta un reto que no necesariamente tiene que ver con la falta de recursos, sino con la capacidad para convertir las necesidades de cada ayuntamiento en proyectos técnicamente sólidos y susceptibles de recibir financiamiento.
Ante este escenario, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Nuevo León y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) acordaron impulsar una agenda de colaboración que involucre a municipios, universidades y empresas constructoras.
El propósito es generar una mayor capacidad para estructurar proyectos de infraestructura y acercar a los gobiernos municipales las herramientas necesarias para acceder a esquemas de financiamiento.
El planteamiento surgió durante una Mesa de Diálogo en la que participaron representantes de la CMIC, Banobras, la Universidad de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey.
Gastón Enríquez, delegado de Banobras en Nuevo León, explicó que la institución ha identificado casos de municipios que tienen necesidades específicas de infraestructura y capacidad para contratar financiamiento, pero carecen de los estudios técnicos que les permitan convertir esas necesidades en proyectos viables.
El problema puede comenzar desde algo tan básico como determinar cuánto costará una obra.
Un municipio puede tener perfectamente identificada la necesidad de construir un puente, por ejemplo, pero si no cuenta con estudios, proyectos ejecutivos y una estimación confiable de costos, difícilmente podrá justificar ante su cabildo la contratación de un crédito o presentar ante una institución financiera una solicitud debidamente sustentada.
Por ello, Banobras planteó que la CMIC puede convertirse en un enlace entre los gobiernos municipales, las universidades y las empresas constructoras que cuenten con especialistas capaces de participar en la elaboración de estudios y proyectos.
La intención es que las capacidades técnicas existentes en Nuevo León puedan ponerse al servicio de los municipios y permitir que las buenas ideas de infraestructura lleguen a una etapa en la que puedan ser ejecutadas.
Rodrigo Garza, presidente de la CMIC Nuevo León, destacó que el estado cuenta con talento, experiencia y capacidad técnica para enfrentar sus necesidades de infraestructura, pero consideró indispensable fortalecer el proceso que permite pasar de una propuesta inicial a una obra con viabilidad técnica y financiera.
Durante el encuentro, planteó además la creación de un verdadero banco de proyectos, en el que puedan identificarse propuestas, desarrollarse, madurarse y posteriormente vincularse con instituciones y mecanismos de financiamiento.
La propuesta adquiere especial relevancia ante la capacidad crediticia que Banobras reporta en Nuevo León.
De acuerdo con la información presentada durante la reunión, Banobras concentra 54 por ciento de la cartera de deuda de largo plazo del Gobierno de Nuevo León, equivalente a 39 mil 200 millones de pesos.
En el ámbito municipal, la institución mantiene una cartera de 2 mil 753 millones de pesos mediante esquemas de Crédito Simple y Banobras-FAIS, distribuidos entre 12 municipios.
Sin embargo, el número de créditos municipales formalizados ha disminuido de manera considerable.
Entre 2019 y 2025 se concretaron 33 créditos municipales con Banobras en Nuevo León, una cifra que llevó a la institución y al sector constructor a plantear la necesidad de recuperar el financiamiento responsable como una herramienta para impulsar la obra pública en los municipios.
Antonio García, titular de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de Banobras, presentó durante la Mesa de Diálogo las alternativas de financiamiento y acompañamiento técnico disponibles para los gobiernos locales.
Uno de los principales objetivos es precisamente cerrar la brecha entre los recursos que pueden estar disponibles y la capacidad de los municipios para presentar proyectos suficientemente estructurados.
El reto podría adquirir una dimensión todavía mayor rumbo a 2027.
Según las estimaciones expuestas por Banobras, los 51 municipios de Nuevo León podrían contar con más de 5 mil 900 millones de pesos disponibles para infraestructura al inicio de sus respectivas administraciones.
De ese monto, alrededor de 5 mil millones de pesos corresponderían a esquemas de Crédito Simple y otros 900 millones de pesos podrían obtenerse mediante adelantos del FAIS.
El escenario coloca a los gobiernos municipales ante una oportunidad importante, pero también ante la necesidad de prepararse con anticipación.
Contar con recursos disponibles no garantiza por sí mismo que una obra pueda comenzar. Para acceder a financiamiento y justificar una inversión se requieren estudios, proyectos, costos, viabilidad técnica y financiera, además de una planeación que permita determinar prioridades.
Por ello, la colaboración propuesta entre CMIC, Banobras, universidades y empresas constructoras busca atender precisamente esa parte del proceso.
La academia puede aportar conocimiento especializado, las constructoras experiencia técnica y la CMIC capacidad de articulación con el sector, mientras que Banobras ofrece mecanismos de financiamiento y asistencia técnica para los gobiernos.
El objetivo final es que los municipios no lleguen al inicio de sus administraciones con una lista de necesidades sin proyectos concretos, sino con propuestas suficientemente maduras para convertirse en obras.
Para Nuevo León, donde el crecimiento urbano mantiene una presión constante sobre vialidades, movilidad, agua, drenaje y otros servicios, la estructuración anticipada de proyectos podría convertirse en un factor determinante para aprovechar los recursos disponibles.
La apuesta de CMIC y Banobras es, en ese sentido, construir desde ahora una plataforma de colaboración que permita que el talento técnico del estado se traduzca en proyectos ejecutables y que los recursos destinados a infraestructura encuentren obras viables donde puedan ser aplicados.
Más que conseguir financiamiento para una obra específica, el desafío será generar una cartera de proyectos que permita a los municipios planear, priorizar y ejecutar infraestructura con responsabilidad financiera.
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