El Estado sostiene que la Suprema Corte no invalidó las observaciones realizadas por el Ejecutivo a seis reformas y asegura que el Congreso local no ha alcanzado la mayoría calificada necesaria para dejarlas sin efecto.
El Gobierno de Nuevo León salió al paso de la interpretación generada por la resolución emitida este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la Controversia Constitucional 240/2023 y sostuvo que los vetos aplicados por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda a seis reformas de ley permanecen vigentes.
La administración estatal precisó que la resolución de la Suprema Corte se refiere a un trámite interno y administrativo relacionado con el Poder Legislativo de Nuevo León y, de acuerdo con su interpretación, no representa una invalidación del contenido de las observaciones formuladas por el Ejecutivo.
Los decretos involucrados son el 117, 139, 148, 151, 184 y 263.
El Gobierno estatal sostiene que las observaciones realizadas por el gobernador continúan firmes y que, para que puedan ser superadas por el Congreso, debe cumplirse el procedimiento constitucional correspondiente, incluida la obtención de una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados.
De acuerdo con la postura fijada por el Ejecutivo estatal, esa votación no se ha producido.
La administración de García Sepúlveda también señala que, tras revisar los expedientes legislativos relacionados con los decretos, incluida el acta correspondiente a la sesión del 8 de febrero de 2023, no se identifica una votación que haya desechado formalmente las observaciones del gobernador.
El punto se encuentra precisamente en la interpretación del procedimiento legislativo.
El Gobierno estatal sostiene que la votación realizada por el Congreso en aquella ocasión tuvo como finalidad remitir una opinión de la Comisión de Estudio Previo y no constituyó, jurídicamente, un desechamiento formal de los vetos.
Por ello, la administración estatal considera que no puede interpretarse que las observaciones del Ejecutivo hayan quedado sin efecto mediante aquella actuación legislativa.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de diferencias jurídicas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, en el que la validez de los procedimientos utilizados para superar los vetos se ha convertido en uno de los puntos centrales de la controversia.
El Gobierno estatal señaló que esperará a recibir la notificación oficial de la resolución de la Suprema Corte antes de realizar una valoración definitiva de sus alcances.
No obstante, adelantó que mantiene su posición jurídica: los seis vetos continúan vigentes y cualquier determinación del Congreso para dejarlos sin efecto debe sujetarse a las exigencias establecidas por la Constitución.
La administración estatal insistió en que la resolución conocida este lunes no debe interpretarse como una decisión de la SCJN que haya eliminado las observaciones del gobernador.
Por ahora, el siguiente paso será conocer formalmente los términos de la resolución y determinar sus efectos concretos sobre el procedimiento legislativo cuestionado.
Mientras tanto, el Gobierno de Nuevo León mantiene su postura de que los vetos correspondientes a los decretos 117, 139, 148, 151, 184 y 263 permanecen legalmente vigentes.
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