Ivonne Ortega Pacheco cuestionó la iniciativa presidencial que plantea retirar la doble nacionalidad como requisito para quienes busquen la Presidencia de México o una gubernatura. La coordinadora de MC también criticó la estrategia anticorrupción de Morena y propuso devolver a las fiscalías una responsabilidad política directa.
Ciudad de México.— La propuesta de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer nuevas restricciones a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura, particularmente en materia de doble nacionalidad, provocó el rechazo de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, calificó la iniciativa como “una frivolidad” y consideró que detrás de ella podría existir un componente personal que no debería convertirse en motivo para modificar la Constitución.
Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta de Coordinación Política, la legisladora señaló que su bancada esperará a conocer formalmente la iniciativa y el procedimiento legislativo que se determine antes de fijar una postura definitiva.
“Nosotros creemos que ésta es una frivolidad, que es un capricho”, sostuvo Ortega Pacheco, al cuestionar que asuntos de carácter personal puedan convertirse en materia de legislación constitucional.
La propuesta plantea modificar las condiciones para quienes pretendan competir por los principales cargos de elección popular del país, particularmente la Presidencia y las gubernaturas, cuando cuenten con una segunda nacionalidad.
Para MC, el debate debe centrarse en las capacidades y responsabilidades de quienes aspiran a gobernar, y no en circunstancias personales que, a juicio de Ortega Pacheco, no deberían determinar por sí mismas el acceso a una candidatura.
La diputada también lanzó una crítica al paquete de reformas anticorrupción que prepara Morena. En este caso, sostuvo que antes de promover nuevas medidas contra la corrupción debería existir congruencia dentro de las propias estructuras de gobierno.
“Lo importante sería predicar con el ejemplo en casa antes de hablar”, afirmó.
La coordinadora emecista aprovechó además para defender una de las propuestas que su partido ha colocado en el debate nacional: modificar el modelo de las fiscalías para que dejen de operar bajo el esquema de autonomía vigente y exista nuevamente una responsabilidad política directa de los gobiernos federal y estatales.
Ortega Pacheco argumentó que, en la práctica, las fiscalías terminan funcionando como instrumentos vinculados a los intereses políticos de los gobiernos, pese a contar formalmente con autonomía.
“Pareciera más ya un brazo ejecutor respecto a las necesidades políticas y no a lo que verdaderamente le importa a la sociedad”, afirmó.
Desde la perspectiva de MC, si los gobiernos tienen influencia efectiva sobre las decisiones de las fiscalías, deberían asumir también el costo político de las determinaciones que se adopten.
La legisladora utilizó como ejemplo la situación que, según denunció, se vive en Veracruz, donde acusó a la Fiscalía de actuar bajo criterios políticos y cuestionó procesos judiciales contra personas que, aseguró, no contarían con expedientes sólidos.
Ortega Pacheco afirmó que en esa entidad más de tres mil personas han sido enviadas a prisión y sostuvo que algunas de ellas carecerían de expediente, mientras acusó la existencia de casos en los que presuntamente se estarían fabricando investigaciones.
Sus señalamientos también alcanzaron a dos presidentes municipales, de quienes aseguró que enfrentan acciones de la Fiscalía pese a que, según su versión, no existirían investigaciones que justificaran los procedimientos.
Las declaraciones colocan nuevamente a Movimiento Ciudadano en confrontación con Morena, ahora en tres frentes distintos: la reforma constitucional sobre la doble nacionalidad, el paquete anticorrupción y el modelo de autonomía de las fiscalías.
Mientras el oficialismo prepara sus propuestas legislativas, MC anticipa una revisión crítica de las modificaciones constitucionales y advierte que no respaldará reformas que, desde su perspectiva, respondan a intereses particulares antes que a una discusión institucional de fondo.
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