Diputadas y diputados de Morena y PT solicitaron activar el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Congreso y pidieron a la CNDH y Conapred investigar los hechos ocurridos el 12 de agosto.
Ciudad de México.– Legisladores de Morena y el Partido del Trabajo demandaron que la Cámara de Diputados y la Comisión de Ética actúen de manera inmediata contra el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, por los hechos registrados el pasado 12 de agosto en el Senado de la República, donde resultó lesionado el maestro Ricardo Martínez Ruiz, director de orquesta, promotor de la paz y persona con discapacidad.
La exigencia fue encabezada por la diputada morenista Mónica Herrera Villavicencio, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, quien pidió que se inicie el procedimiento sancionador correspondiente con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso.
Durante una conferencia de prensa, legisladores y representantes de colectivos de personas con discapacidad también solicitaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervengan de oficio para investigar posibles actos de discriminación y violencia.
Los legisladores consideraron además indispensable que Gutiérrez Mancilla ofrezca una disculpa pública a Martínez Ruiz, no únicamente como un gesto político, sino como una medida de reparación y un compromiso para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Herrera Villavicencio colocó el caso en una dimensión más amplia al señalar que las personas con discapacidad no pueden continuar siendo objeto de humillaciones, agresiones o actos de discriminación, particularmente dentro de las instituciones encargadas de representar a la sociedad.
La legisladora sostuvo que la Constitución mexicana prohíbe expresamente la discriminación por motivos de discapacidad y recordó que México también está obligado, mediante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a prevenir y atender cualquier forma de violencia o abuso contra este sector.
“No hay fuero que valga cuando se violenta la dignidad humana”, sostuvo la diputada, al advertir que el fuero constitucional no debe utilizarse como una protección frente a posibles actos de violencia.
Herrera Villavicencio estuvo acompañada por las diputadas María Rosete Sánchez, Irma Juan Carlos, Claudia García Hernández y Petra Romero Gómez, así como por el diputado Isidro Enrique Villegas García, del PT, además de integrantes de colectivos de personas con discapacidad.
De acuerdo con el señalamiento de los legisladores, Martínez Ruiz acudió a la Comisión Permanente para presentar una agenda relacionada con la construcción de paz a través de las artes cuando ocurrió el incidente que derivó en la confrontación.
El propio maestro rechazó que lo sucedido pudiera considerarse simplemente un enfrentamiento entre legisladores. Al participar en la conferencia, relató que se encontraba conversando con el diputado Arturo Ávila cuando ocurrió la agresión.
“Todos lo vimos y no fue así”, afirmó Martínez Ruiz, quien pidió no minimizar lo ocurrido y llamó a preservar la paz y el respeto dentro de los espacios públicos.
El director de orquesta explicó además que actualmente enfrenta una discapacidad temporal que afecta su movilidad y que requiere el uso de un bastón. Subrayó que, independientemente de su condición, ningún acto de violencia debe ser tolerado dentro de una institución como el Congreso.
La diputada Claudia García Hernández calificó los hechos como una situación vergonzosa y expresó su respaldo tanto a Martínez Ruiz como a los legisladores que han condenado el episodio. Señaló que el Poder Legislativo debe privilegiar el diálogo y el debate de ideas sobre cualquier forma de confrontación física.
Por su parte, Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, sostuvo que durante la actual Legislatura se han registrado episodios en los que integrantes de la oposición han recurrido a descalificaciones y confrontaciones en lugar de privilegiar el debate parlamentario.
Ante ello, planteó que la tribuna y los espacios legislativos deben conducirse bajo principios de responsabilidad y ética, y no convertirse en escenarios de confrontación.
Más allá de la sanción solicitada contra el diputado priista, los legisladores plantearon que el Congreso implemente capacitación obligatoria para diputadas, diputados y personal parlamentario en materia de derechos de las personas con discapacidad, accesibilidad y trato digno.
La petición busca que el caso no termine únicamente en un exhorto o pronunciamiento político, sino que derive en medidas concretas dentro del Poder Legislativo para prevenir nuevos actos de violencia o discriminación.
Para los promoventes, el episodio ocurrido en el Senado debe convertirse en un precedente institucional y en una oportunidad para reforzar las obligaciones de respeto a los derechos humanos dentro de los propios órganos de representación popular.
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