El Poder Legislativo aprobó un exhorto al gobernador para que publique los decretos de la pasada Legislatura que fueron vetados por el Ejecutivo y cuya validez fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Congreso de Nuevo León aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador Samuel García a publicar seis decretos legislativos que fueron vetados por el Ejecutivo estatal y cuya validez, de acuerdo con lo expuesto en el Pleno, fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este miércoles por Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, quien sostuvo que el reciente pronunciamiento de la Corte obliga al Ejecutivo estatal a atender las disposiciones legislativas.
De la Fuente Flores argumentó que los decretos fueron aprobados por la LXXVI Legislatura y que el máximo tribunal determinó que el procedimiento utilizado por el Congreso para superar los vetos fue correcto.
El legislador advirtió que, en caso de que el gobernador no cumpla con la publicación de los decretos, el Congreso podría solicitar nuevamente la intervención de la Suprema Corte y plantear un posible desacato a sus resoluciones.
“Ya no es un tema de si quiere o no quiere”, sostuvo el coordinador panista al referirse a la publicación de las disposiciones, al considerar que la resolución de la Corte constituye el elemento jurídico que permite avanzar en el procedimiento.
Los decretos involucrados son los números 118, 139, 148, 151, 184 y 263, correspondientes a la LXXVI Legislatura.
Entre las disposiciones se encuentra una reforma a la Ley de Hacienda de Nuevo León relacionada con la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria del Estado, cuya propuesta contempla la intervención del Poder Legislativo en el nombramiento.
También se incluyen modificaciones a las leyes de Movilidad, relacionadas con la factibilidad de obras y disposiciones sobre el uso de bicicletas y ciclovías.
Otro de los decretos corresponde a reformas en materia de Patrimonio Cultural, relacionadas con las peleas de gallos y la tauromaquia, mientras que uno más modifica disposiciones de la Ley de Adquisiciones para establecer condiciones de certeza en procedimientos de licitación vinculados con áreas de seguridad pública.
Entre los asuntos también se encuentra el decreto referente a la integración del Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey, así como una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer un Centro de Estudios Económicos dentro del Congreso.
Durante la discusión, De la Fuente Flores calificó la resolución de la Suprema Corte como un nuevo revés para el Ejecutivo estatal y subrayó que el exhorto aprobado no pretende generar un nuevo acto jurídico, sino solicitar el cumplimiento de lo resuelto por el máximo tribunal.
El Punto de Acuerdo fue aprobado con 28 votos a favor y nueve en contra, correspondientes a integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano.
Con esta decisión, el Congreso estatal formalizó su petición para que el Ejecutivo proceda con la publicación de los seis decretos y dé cumplimiento a lo determinado por la Suprema Corte.
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