Samuel y MC enfrentan un día de turbulencia política; Morena tampoco sale ilesa
Hay días en la política que parecen diseñados para demostrar que los problemas nunca llegan solos. Este miércoles fue uno de ellos para el Gobierno de Samuel García y Movimiento Ciudadano, pero también para Morena, que en cuestión de horas vio cómo un diputado suplente rendía protesta y prácticamente decía adiós a la bancada que apenas acababa de integrar.
El escenario político de Nuevo León volvió a mostrar que la discusión por el Presupuesto 2027 difícilmente será un trámite administrativo. Es, en realidad, una nueva batalla por el control político de un estado que ya se encuentra inmerso en la ruta hacia las elecciones de 2027.
Samuel García salió a reclamar públicamente la negativa de las bancadas de oposición a sentarse, por ahora, a negociar el próximo Paquete Fiscal. El gobernador cuestionó qué motivo puede existir para negar al Estado un presupuesto y recordó que, según su propia versión, de los cinco años que lleva al frente del Ejecutivo solamente uno de sus presupuestos ha sido aprobado.
El argumento oficial es entendible: el próximo año habrá elecciones, se requerirán recursos para los órganos electorales y habrá modificaciones relevantes en el Poder Judicial. Todo eso cuesta dinero.
Pero el problema político está precisamente en lo que el gobernador no dijo.
No se puede analizar la negociación presupuestal como si ocurriera en un vacío. Sobre la mesa también están los reclamos por recursos que municipios, organismos y asociaciones aseguran tener pendientes. Y aquí aparece un elemento que puede complicar todavía más el camino: los alcaldes han planteado que antes de hablar de un Presupuesto 2027 debería resolverse primero lo que está pendiente del ejercicio 2026.
Es decir, para algunos municipios la pregunta no es cuánto habrá para el próximo año, sino cuándo llegará lo que aseguran que todavía se les debe del actual.
Y esa diferencia de prioridades puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para el Gobierno estatal.
Mientras el Ejecutivo pide a los diputados responsabilidad para garantizar los recursos del próximo año, PRI y PAN decidieron no acudir a la primera reunión convocada por el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.
La señal es clara: la oposición no quiere aparecer como acompañante de una negociación que, desde su perspectiva, debe ser integral y no unilateral.
Y ahí aparece una de las principales contradicciones de esta jornada.
El Gobierno asegura que las finanzas estatales están sanas y que precisamente por eso quiere explicar a los legisladores qué ocurriría si nuevamente se recurre a una reconducción presupuestal. Pero, al mismo tiempo, ya se contempla la posibilidad de solicitar financiamiento.
Es decir, el discurso de fortaleza financiera tendrá que demostrar mucho más que buenas palabras cuando llegue el momento de poner números sobre la mesa.
También llama la atención que la prioridad anunciada sea fortalecer a la Fiscalía de Justicia. Después de años de tensión institucional, sería difícil cuestionar la necesidad de mejorar las capacidades de procuración de justicia. Pero cualquier incremento presupuestal tendrá que venir acompañado de transparencia, objetivos concretos y resultados medibles.
Porque el ciudadano no vota para que los políticos simplemente se pongan de acuerdo entre ellos. Vota para que los servicios funcionen.
Y mientras el Gobierno intenta construir un acuerdo para 2027, Morena vivió su propio episodio de inestabilidad.
Francisco del Bosque Ramos llegó al Congreso como suplente de Mario Soto Esquer, rindió protesta y, apenas unas horas después, notificó formalmente su salida de Morena para incorporarse a la fracción Independiente que encabeza Rocío Montalvo.
Políticamente, la escena resulta difícil de ignorar.
Un diputado que acaba de asumir una curul y que prácticamente de inmediato abandona el grupo parlamentario para el que llegó modifica nuevamente el tablero legislativo. Y lo hace apenas dos días después de que Rodrigo Montemayor Romero también dejara Morena para incorporarse a la bancada Independiente 4T.
Dos salidas en un periodo particularmente corto no son solamente una anécdota parlamentaria. Son una señal de que las fronteras partidistas rumbo a 2027 comienzan a volverse mucho más permeables.
Morena queda con siete integrantes, mientras que PAN y PRI cuentan con diez cada uno y Movimiento Ciudadano con nueve. La fracción Independiente suma ya dos legisladores.
En un Congreso fragmentado, dos votos pueden parecer pocos. En una negociación cerrada, pueden convertirse en la diferencia entre aprobar o bloquear una decisión.
Y ese es justamente el escenario que enfrenta Nuevo León.
Samuel García necesita construir acuerdos para evitar otra reconducción. MC necesita conservar capacidad de negociación. PRI y PAN buscan no regalarle al gobernador una salida política sencilla. Morena, mientras tanto, enfrenta movimientos internos que reducen su margen de maniobra.
Todo esto ocurre cuando todavía ni siquiera comienza formalmente la parte más complicada de la discusión presupuestal.
Y como si el día no hubiera sido suficientemente complicado para Movimiento Ciudadano, Amnistía Internacional reclamó públicamente el uso no autorizado de una imagen vinculada con su organización en materiales partidistas y se deslindó de cualquier participación en esos contenidos.
La organización pidió retirar los materiales y dejó claro que no autorizó el uso de su imagen ni participó en su elaboración o difusión.
El episodio agrega otro frente de presión para MC, que ya enfrenta la discusión presupuestal, los reacomodos legislativos y la construcción de su estrategia rumbo a 2027.
Al final, la fotografía política de este miércoles deja un mensaje bastante más amplio que una simple jornada complicada: el tablero de Nuevo León se está moviendo.
Y todavía faltan meses para que la batalla electoral entre formalmente en escena.
Porque si los alcaldes están planteando que primero deben saldarse los pendientes de 2026, mientras el Gobierno estatal comienza a pedir acuerdos para construir el presupuesto de 2027, entonces el camino no solamente será difícil.
Será una negociación de muchas cuentas.
Cuentas políticas, cuentas financieras y, sobre todo, cuentas pendientes.
Samuel García quiere asegurar los recursos para cerrar su administración.
Los partidos ya están pensando en 2027.
Los alcaldes quieren saber qué pasará con lo que aseguran que todavía se les debe.
Los diputados están midiendo fuerzas.
Y Morena está descubriendo que perder integrantes puede ser mucho más sencillo que conservarlos.
Por eso, quizá la pregunta ya no sea si habrá negociación.
La pregunta es cuánto costará políticamente esa negociación y quién estará dispuesto a pagar la factura.
Porque una cosa es negociar el poder.
Y otra muy distinta es administrar un estado.
