Ante el aumento de las agresiones que enfrentan las mujeres en entornos digitales, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y establecer nuevas obligaciones para las autoridades en materia de prevención y protección.
La propuesta plantea adicionar una fracción VII al artículo 8 de dicha legislación, con el propósito de que las autoridades competentes implementen de manera permanente campañas de prevención, alfabetización digital y protección de datos personales.
La iniciativa busca fortalecer las herramientas disponibles para que las mujeres puedan identificar riesgos, proteger su información y desenvolverse de manera segura en espacios digitales, ante conductas como el ciberacoso y otras formas de violencia que pueden desarrollarse mediante tecnologías de la información y comunicación.
La legisladora del PRI señaló que la atención a estas agresiones requiere avanzar de un esquema principalmente reactivo hacia acciones de carácter preventivo y educativo.
“La dignidad y la salud mental de las mujeres no pueden quedar al arbitrio de la autorregulación”, sostuvo González González al explicar los objetivos de su propuesta.
De acuerdo con el planteamiento, incorporar expresamente estas obligaciones en la legislación permitiría ampliar las acciones institucionales dirigidas a reducir factores de riesgo y proporcionar a la población mayores conocimientos para prevenir situaciones de violencia en internet.
La diputada también planteó que la protección de los derechos de las mujeres debe abarcar tanto los espacios físicos como los entornos digitales, debido al crecimiento de las interacciones sociales, educativas, laborales y personales que se desarrollan mediante plataformas y dispositivos tecnológicos.
La iniciativa contempla además que las acciones de prevención contribuyan a promover una cultura de respeto y responsabilidad en el uso de las tecnologías, así como al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el ámbito digital.
González González consideró que establecer esta obligación directamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia permitiría consolidar un enfoque preventivo y educativo, en el que las instituciones públicas participen de manera permanente en la generación de herramientas para una ciudadanía digital más segura.
La propuesta deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual dictaminación en la Cámara de Diputados.
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