La diputada federal Paulina Rubio Fernández, del PAN, presentó una iniciativa para establecer en la Constitución la obligación de que quienes aspiren a un cargo de elección popular registren formalmente sus compromisos de campaña y, en caso de resultar electos, rindan cuentas sobre el avance de su cumplimiento.
La propuesta plantea reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y crear un padrón público nacional de compromisos electorales, cuya operación estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la iniciativa, las personas candidatas deberán entregar ante la autoridad electoral una relación de los compromisos que asuman durante sus campañas. Esta información tendría que ser publicada para que la ciudadanía pueda consultar las propuestas y dar seguimiento a su cumplimiento.
La reforma también contempla que quienes resulten electos presenten informes anuales ante el INE sobre el avance de los compromisos registrados durante su campaña.
Los informes deberán estar acompañados de documentos y elementos que permitan acreditar el grado de cumplimiento de cada compromiso. En aquellos casos en los que una propuesta no haya podido concretarse, las personas servidoras públicas tendrían que explicar las causas que lo impidieron.
La iniciativa establece además que el organismo electoral deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las personas electas y hacer del conocimiento de la ciudadanía los resultados de ese proceso.
El planteamiento incluye que el INE pueda informar también a las autoridades de responsabilidades administrativas correspondientes y a la instancia competente del Congreso local sobre el informe final relacionado con los compromisos de campaña de las personas servidoras públicas.
En la exposición de motivos, Rubio Fernández señala que actualmente la legislación no contempla un mecanismo específico para dar seguimiento a las propuestas, promesas y compromisos que los candidatos presentan durante los procesos electorales.
La legisladora sostiene que los compromisos de campaña representan uno de los elementos mediante los cuales las personas candidatas presentan sus proyectos ante el electorado y que contar con información sistematizada permitiría a la ciudadanía conocer posteriormente qué propuestas fueron atendidas y cuáles quedaron pendientes.
La propuesta también plantea que un mecanismo de esta naturaleza contribuiría a fortalecer la educación cívica, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
La iniciativa busca que el registro de compromisos electorales deje de depender únicamente de los mensajes y documentos difundidos durante las campañas y se convierta en información pública susceptible de seguimiento una vez que concluyan las elecciones.
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