El Congreso de Nuevo León solicitó a la Auditoría Superior del Estado realizar una revisión especial al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), ante el señalamiento de que cerca del 90 por ciento de sus recursos se destinan al pago de contratos administrativos relacionados con unidades de transporte urbano.
La petición fue presentada por la diputada Aile Tamez De la Paz, presidenta de la Comisión de Movilidad, quien planteó que la revisión permita conocer cómo fueron contratados los servicios, qué proveedores participan y cuántas unidades están contempladas en los contratos.
El exhorto también solicita información sobre el número de unidades que actualmente se encuentran en operación y aquellas que están fuera de servicio, así como documentación que permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, en su caso, las sanciones aplicadas cuando estas no se hayan cumplido.
Tamez De la Paz señaló que la fiscalización de los recursos públicos debe considerar no sólo la existencia de los contratos y los pagos realizados, sino también la manera en que estos se ejecutan, el cumplimiento de las condiciones pactadas y los resultados obtenidos.
La legisladora del Partido Acción Nacional destacó que una proporción considerable del presupuesto del IMA está comprometida en contratos de arrendamiento de unidades, algunas de las cuales, según expuso, ya se encuentran fuera de circulación por distintas causas.
La revisión planteada busca determinar si los recursos destinados a estos contratos corresponden efectivamente con las unidades disponibles para prestar el servicio y con las obligaciones establecidas para las empresas proveedoras.
La diputada relacionó la solicitud con las deficiencias que persisten en el sistema de transporte de Nuevo León, particularmente en el cumplimiento de rutas y la disponibilidad de unidades para atender la demanda de los usuarios.
Entre las situaciones señaladas se encuentran los largos tiempos de espera, unidades que operan sin sistemas adecuados de climatización y camiones que circulan por encima de su capacidad.
El planteamiento será turnado conforme al procedimiento legislativo correspondiente, mientras que la eventual revisión de la Auditoría Superior permitiría conocer el destino y ejercicio de los recursos públicos involucrados en los contratos del IMA.
