La protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento por parte de grupos delictivos podría convertirse en una obligación específica para los tres niveles de gobierno, a partir de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Irais Ballesteros Mancilla.
La propuesta plantea modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades federales, estatales y municipales establezcan medidas destinadas a prevenir, detectar, atender y sancionar situaciones en las que menores sean captados o utilizados por organizaciones criminales.
El proyecto contempla no solamente el reclutamiento directo. También incorpora conductas como la captación, utilización o instrumentalización de menores para participar en delitos, integrarse a asociaciones delictuosas o grupos de delincuencia organizada, realizar actividades en beneficio de esas estructuras o facilitar sus operaciones.
Uno de los puntos incluidos en la iniciativa es que estas formas de vinculación puedan producirse por cualquier medio, incluidos los entornos digitales.
La propuesta busca establecer de manera expresa que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en espacios libres de violencia y que ninguna circunstancia puede justificar su utilización para actividades delictivas.
En caso de que un menor sea víctima de este tipo de situaciones, el proyecto plantea que las autoridades garanticen una salida segura de las estructuras criminales, protección inmediata, recuperación y restitución integral de sus derechos, además de medidas para evitar que vuelva a ser víctima o sea nuevamente captado.
La iniciativa también contempla que las acciones de recuperación no se limiten al ámbito judicial. Se plantea atención médica y psicológica especializada, continuidad o reincorporación educativa, fortalecimiento de redes familiares y comunitarias seguras, actividades culturales, deportivas y recreativas, así como capacitación y orientación vocacional.
Otro de los objetivos es contribuir a que las víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida y recuperar condiciones que les permitan reintegrarse a sus familias, comunidades y espacios educativos.
Para coordinar estas acciones, la propuesta establece que los tres órdenes de gobierno deberán conformar una instancia multidisciplinaria encargada de desarrollar mecanismos de prevención, detección, atención y canalización de los casos.
El proyecto también plantea nuevas responsabilidades para las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto federal como estatales. Entre ellas estaría contar con estrategias para la protección o reubicación temporal de las víctimas y dar seguimiento a los planes destinados a restituir sus derechos.
Las procuradurías tendrían además que verificar que las condiciones que propiciaron el reclutamiento hayan desaparecido y que el menor se encuentre protegido frente a una posible revictimización o nueva vinculación con organizaciones criminales.
Ballesteros Mancilla sostiene que el reclutamiento de menores constituye una forma de violencia y que la respuesta institucional debe ir más allá del endurecimiento de las sanciones contra quienes los utilizan.
El planteamiento busca que la prevención y la atención de las condiciones que facilitan la captación formen parte de la respuesta del Estado, al mismo tiempo que se garantice la protección de quienes ya fueron involucrados en actividades criminales.
La iniciativa propone reformar los artículos 47, 48, 57 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.
De avanzar el proyecto, el debate legislativo se concentrará en establecer hasta dónde deben llegar las obligaciones de los tres niveles de gobierno para impedir que niñas, niños y adolescentes sean utilizados por las organizaciones delictivas y, cuando ya hayan sido captados, garantizar que puedan salir de esas estructuras y recuperar sus derechos.
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