Ciudad de México.- El debate sobre la política social incluida en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó en la Cámara de Diputados con fuertes cuestionamientos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores coincidieron en que el número de beneficiarios y el monto destinado a los programas sociales no son suficientes para demostrar una mejora en las condiciones de vida de la población.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Erubiel Lorenzo Alonso Que, sostuvo que el Gobierno federal presume una inversión de un billón de pesos en programas para el bienestar y 42 millones 860 mil derechohabientes, pero afirmó que los resultados deben medirse también por las condiciones en que se encuentran otros sectores.
Durante su intervención mencionó que México enfrenta una cifra superior a 132 mil 500 personas desaparecidas, además de problemas de desabasto en salud y retrocesos en materia educativa.
Desde el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó que el monto de las transferencias sea utilizado como indicador de éxito de la política social. Señaló que el gasto anunciado para los programas del bienestar y el número de beneficiarios no demuestran por sí mismos avances en salud, aprendizaje o autonomía.
El legislador también señaló un problema relacionado con tarjetas del Banco del Bienestar y afirmó que 96 mil no habían sido entregadas, aunque 94 mil de ellas aparecían como activas.
La diputada panista Elisa Paola Zamora Ramírez planteó que los programas sociales deben mantenerse, pero con mecanismos de transparencia, evaluación, fiscalización y blindaje electoral. También pidió que las transferencias económicas estén acompañadas de políticas de salud, educación, vivienda y generación de empleo formal.
El PRI se pronunció en el mismo sentido. Christian Mishel Castro Bello aclaró que su partido no propone eliminar los programas sociales y sostuvo que el debate está en conocer cuánto dinero se distribuye, cuántas tarjetas se entregan y cuáles son los resultados.
“Bienestar es salud, educación, seguridad social, empleo digno”, planteó el legislador priista, quien también pidió rendición de cuentas y un blindaje de los padrones de beneficiarios.
Lorena Piñón Rivera, también del PRI, reconoció que los programas sociales representan actualmente derechos establecidos en la Constitución y recordó que su partido respaldó las reformas correspondientes. Sin embargo, señaló que el cuestionamiento está relacionado con el uso de los recursos.
En contraste, Morena, PVEM y PT defendieron la política social del Gobierno federal y destacaron tanto el alcance de los programas como los recursos destinados a ellos.
La diputada morenista Giselle Yunueen Arellano Ávila sostuvo que la política social no debe entenderse únicamente como una suma de programas, sino como una estrategia para ampliar derechos, seguridad y autonomía.
Oscar Iván Brito Zapata afirmó que los programas de bienestar benefician a más de 42 millones de personas. Entre ellos mencionó a casi 14 millones de adultos mayores, alrededor de dos millones de personas con discapacidad y cerca de 20 millones de estudiantes que reciben becas.
Carlos Alonso Castillo Pérez destacó que durante 2026 se destina un billón de pesos a los programas para el bienestar y sostuvo que la inversión acumulada podría llegar a 4.5 billones de pesos en ocho años.
Desde el PVEM, Liliana Carbajal Méndez resaltó el Programa de Vivienda para el Bienestar y señaló que se han construido más de 320 mil viviendas, además de haberse reestructurado deudas relacionadas con el Infonavit y el Fovissste.
Juan Carlos González Bareño afirmó que millones de mexicanos han salido de la pobreza multidimensional y señaló que los programas para el bienestar alcanzarían a más de 42.8 millones de personas al cierre del año, con una inversión superior a un billón de pesos.
La diputada petista Ana Karina Rojo Pimentel defendió la política social como uno de los ejes centrales del Gobierno y destacó que los programas de bienestar cuentan con respaldo constitucional. También habló de una inversión superior al billón de pesos para salud, vivienda y programas sociales.
Por su parte, el diputado de MC Gildardo Pérez Gabino sostuvo que su bancada está a favor de los programas sociales y rechazó que tengan dueño partidista. Sin embargo, planteó que deben formar parte de una política integral que incluya salud, educación, seguridad, empleo, crecimiento y oportunidades.
El intercambio de posiciones dejó dos visiones claramente diferenciadas: mientras Morena y sus aliados destacaron el alcance presupuestal y el número de personas beneficiarias, PAN, PRI y MC centraron sus críticas en la evaluación de resultados, la transparencia y la necesidad de que los apoyos económicos estén acompañados de servicios públicos y oportunidades laborales.
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