Trump, la Fiscalía y la inteligencia artificial: cuando el poder exige respuestas
Hay días en que tres noticias aparentemente distintas terminan hablando de lo mismo: poder, control y rendición de cuentas.
Desde Washington llega un mensaje particularmente incómodo para México. La administración de Donald Trump volvió a incluir al país en la lista de naciones consideradas de tránsito o producción significativa de drogas para el ejercicio fiscal 2027. El documento reconoce acciones de la administración de Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo reclama mayores esfuerzos contra las organizaciones criminales y, de manera particularmente directa, exige perseguir a funcionarios públicos que —según la determinación estadounidense— hayan colaborado con los cárteles.
Aquí no se trata de comprar completo el discurso de Washington ni de rechazarlo completo.
Se trata de escuchar lo que está diciendo.
Porque una cosa es que Estados Unidos tenga intereses propios, utilice el problema del narcotráfico para presionar a México o presente su propia narrativa sobre la seguridad regional; y otra muy distinta es ignorar que la corrupción pública y el crimen organizado son problemas reales que México tiene la obligación de investigar dentro de sus propias instituciones.
Y entonces aparece la pregunta inevitable:
¿A quién se está investigando realmente?
Porque mientras desde Estados Unidos se habla de funcionarios corruptos que deben ser expuestos, arrestados y procesados, aquí la discusión pública vuelve a tropezar con nombres que han generado polémica.
Este mismo 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, fue cuestionada sobre Jorge Amílcar Olán y Andy López Beltrán. Cuya amistad ya va más allá de normal…siendo señalado como uno de los grandes y favoritos que sean han enriquecido dentro de la 4t. Con manejes que digamos…bueno.
Sobre Amílcar, la pregunta fue directa: ¿hay una orden de aprehensión?
La respuesta: “No, no hay nada”.
¿Y sobre Andy?
“Tampoco”.
Perfecto.
Entonces que quede claro.
Si no existe una orden de aprehensión contra Amílcar, que así se informe.
Si la FGR no investiga a Andy López Beltrán, que así se establezca.
Pero precisamente por eso, que también se explique qué sí existe, qué no existe, qué se investigó, qué se descartó y qué autoridad tiene cada expediente y grandote de “ambos”.
Porque en un país democrático las sospechas no sustituyen a las pruebas, pero tampoco las declaraciones políticas sustituyen a una explicación institucional, en este caso las de Godoy que ha defendido en todo a los hijos de López Obrador.
No estamos diciendo que sean culpables.
Estamos diciendo algo mucho más elemental: que la autoridad explique.
Y que explique con documentos, con expedientes y con resultados.
Porque si no hay nada, entonces no debería existir problema alguno en aclarar qué ocurrió con cada señalamiento.
Y si sí existe algo en otra instancia —administrativa, fiscal, judicial o de inteligencia— también debe decirse con precisión.
La transparencia no puede funcionar únicamente cuando conviene.
Y mientras todo esto ocurre, aparece otro frente que quizá parezca lejano, pero no lo es.
La inteligencia artificial.
La CNDH ha advertido desde hace tiempo que el desarrollo de la IA plantea riesgos para la protección de datos personales, la no discriminación y los derechos humanos.
Hoy la discusión ya no consiste únicamente en preguntarnos qué puede hacer una máquina.
La pregunta verdaderamente importante es: ¿quién controla a quien controla la máquina?
Porque una inteligencia artificial puede producir una imagen falsa, fabricar una voz, alterar un video, multiplicar una mentira o utilizar millones de datos personales para construir perfiles de comportamiento.
Y entonces volvemos al mismo punto.
Poder y control.
El narcotráfico utiliza redes.
Los gobiernos utilizan información.
Las corporaciones poseen datos.
La inteligencia artificial procesa cantidades gigantescas de información.
Y los ciudadanos seguimos siendo quienes tenemos que confiar en que todos ellos actuarán correctamente.
Ahí está el peligro.
No en la tecnología por sí misma.
El peligro aparece cuando el poder crece más rápido que los mecanismos para vigilarlo.
Por eso las tres historias terminan encontrándose.
Washington exige resultados contra las redes criminales.
La Fiscalía mexicana responde que no hay órdenes ni investigación contra determinados personajes.
Y los organismos de derechos humanos advierten que la tecnología puede convertirse en una nueva herramienta de manipulación y concentración del poder.
Tres escenarios distintos.
Una misma pregunta: ¿Quién vigila al vigilante?
