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Gerardo Ledezma

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Entre el “no nos juzguen” y el México que no puede esconderse

“México no necesita que lo juzguen desde afuera”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum tras el posicionamiento de Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, por el ataque con coche bomba registrado en Ojocaliente, Zacatecas.

Johnson condenó el atentado y advirtió sobre la violencia de organizaciones criminales.

Y aquí aparece la primera pregunta incómoda: defender la soberanía no significa cerrar los ojos ante lo que ocurre dentro del país.

El ataque dejó 10 personas heridas y provocó daños en viviendas y vehículos.

Estados Unidos señala al crimen organizado. México exige también explicaciones por el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas que llegan desde territorio estadounidense.

Dos gobiernos reclamándose mutuamente.

Mientras tanto, la violencia sigue aquí.

Y la ciudadanía sigue esperando resultados.

El otro espejo: la educación

Pero México tiene otro problema que tampoco puede esconderse detrás de una discusión diplomática: la educación.

Los resultados de PISA 2025 colocaron a México con 408 puntos en lectura, muy por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 461.

Alrededor de la mitad de los estudiantes mexicanos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en lectura.

Y entre los alumnos con mayores desventajas socioeconómicas, la brecha es todavía mayor.

Aquí no hay embajador extranjero al que culpar.

Son nuestros estudiantes.

Es nuestro sistema educativo.

Y es una realidad que tendrá consecuencias durante años si no se atiende.

Y en Nuevo León también hay que corregir

En medio de todo esto aparece Samuel García.

El gobernador envió al Congreso una iniciativa para eliminar el Pase Turístico para vehículos con placas de otros estados, después de la polémica generada por la medida.

La propuesta plantea derogar las disposiciones que dieron sustento al mecanismo.

Y nuevamente aparece una lección sencilla: las decisiones de gobierno pueden corregirse.

No pasa nada.

Lo que sí pasa es cuando una administración se empeña en defender una medida aun cuando la realidad demuestra que necesita ajustes.