La discusión sobre la eutanasia llegó a la Cámara de Diputados con un llamado a construir un marco legal que permita abordar la muerte digna desde los derechos de los pacientes, la práctica médica y las garantías jurídicas para quienes intervienen en estos procesos.
Las Comisiones Unidas de Salud, Puntos Constitucionales y Justicia realizaron el “Conversatorio para la Eutanasia en México”, con la participación de legisladores, especialistas, pacientes, familiares y representantes de organizaciones civiles.
Durante la apertura, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, reconoció que se trata de un asunto complejo y polémico que requiere escuchar las distintas posiciones antes de avanzar hacia una propuesta legislativa.
El legislador señaló que se trabaja en una iniciativa que reúna las diferentes opiniones expresadas durante los foros y planteó que el objetivo no necesariamente será alcanzar unanimidad, sino construir los acuerdos suficientes para avanzar en el Congreso.
La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez destacó que el encuentro busca generar un diálogo entre distintas disciplinas alrededor del derecho a una muerte digna, mientras que Estela Carina Piceno Navarro señaló que también se pretende escuchar directamente a pacientes y familias que enfrentan enfermedades graves.
Uno de los planteamientos recurrentes durante el conversatorio fue la necesidad de definir con precisión los límites de la intervención médica y las responsabilidades de los profesionales de la salud.
La diputada Gabriela Valdepeñas González sostuvo que la discusión debe incorporar aspectos jurídicos, médicos y bioéticos, además de establecer mecanismos que coloquen la voluntad de las personas en el centro de cualquier eventual legislación.
Por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro consideró que existen condiciones para avanzar en el dictamen de la llamada “Ley Trasciende” y señaló que la falta de acuerdos legislativos prolonga una situación que, desde su perspectiva, genera sufrimiento para pacientes y familias.
Otros legisladores plantearon revisar conceptos como la voluntad anticipada, el límite del esfuerzo terapéutico y la objeción de conciencia. Olga Sánchez Cordero también llamó a establecer protección jurídica para médicos y personal de enfermería que participen en los procedimientos contemplados por una eventual regulación.
Desde la Secretaría de Salud, Alejandra Alegría Arrieta afirmó que el Gobierno federal mantendrá abierto el diálogo con especialistas, instituciones académicas, pacientes y organizaciones civiles para conocer las necesidades de quienes enfrentan enfermedades graves y los desafíos relacionados con el final de la vida.
La activista Samara Martínez, promotora de la “Ley Trasciende”, reclamó que el debate legislativo avance después de más de un año de foros y discusiones sobre muerte digna.
Especialistas en bioética y salud también participaron en el encuentro. Asunción Álvarez del Río, de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó la dimensión médica y personal de la decisión, mientras que María Elena Medina Mora Icaza planteó la necesidad de acompañar a pacientes y familias para reducir el dolor y garantizar atención integral.
El conversatorio continuará con mesas de trabajo enfocadas en los aspectos médicos, cuidados paliativos, ética, filosofía, derechos constitucionales, legislación y justicia penal.
La discusión ocurre en un escenario en el que la eutanasia permanece como un asunto jurídicamente controvertido en México y en el que los legisladores buscan determinar hasta dónde debe llegar la autonomía de los pacientes, cuáles serían las condiciones para ejercerla y qué garantías deberían existir tanto para las personas enfermas como para el personal médico.
La eventual regulación implicaría, por tanto, definir no solamente el derecho de una persona a decidir sobre el final de su vida, sino también los procedimientos, controles y responsabilidades que acompañarían esa decisión.
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