Por: Víctor Flores García
Ciudad de México.- México se encamina a un nuevo choque político en el Congreso por la nacionalidad de quienes aspiran a gobernar. El debate cobró fuerza tras el avance, con una votación dividida en la Cámara de Diputados, de una reforma constitucional que busca impedir que personas con doble nacionalidad compitan por la Presidencia, las gubernaturas y el Gobierno de la capital.
El cambio a la Constitución establece como requisito para esas candidaturas tener únicamente la nacionalidad mexicana o renunciar a la extranjera antes de registrarse ante la autoridad electoral.
Referentes del oficialismo y la oposición entrevistados por la Agencia Sputnik analizan el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y muestran sus cartas de cara al debate legislativo que se avecina en el Senado.
La iniciativa abrió una disputa que trasciende los requisitos electorales y pone en debate la nacionalidad, los derechos políticos y las lealtades de quienes aspiran a gobernar.
FRONTERA ENTRE DERECHOS Y LEALTADES
Leonel Godoy, vicecoordinador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, defendió en diálogo con la Agencia Sputnik la iniciativa como una restricción exclusiva para quienes aspiren a altos cargos ejecutivos y no para el resto de la población.
El legislador rechazó que el cambio ponga en riesgo la doble nacionalidad reconocida por la Constitución.
“Es falso lo que está diciendo la oposición, que incluso los diputados migrantes están en riesgo, eso es falso”, enfatizó.
Su argumento parte de una distinción jurídica: la reforma no modificaría los artículos 30 y 32 de la Constitución, que establecen quiénes son mexicanos y las condiciones para conservar una segunda nacionalidad.
“Lo que se está discutiendo son requisitos constitucionales para contender en elecciones y eso no se aplica a todos los mexicanos que tienen doble nacionalidad, es sólo para candidatos”, explicó.
Para Godoy, la reforma responde a la naturaleza de los altos cargos, como la Presidencia.
En ese sentido, afirmó que “en ningún país del mundo los presidentes tienen alguna duda de ser nacionales, sean de Rusia, de EEUU, de Francia, de Inglaterra, de ninguno, son nacionales 100 por ciento”.
LA DIÁSPORA AL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) considera que el debate convierte una condición jurídica en una “sospecha política”.
Rubén Moreira, coordinador de ese grupo parlamentario, dijo a esta agencia que el oficialismo pretende crear una categoría inferior de ciudadanía.
“Morena quiere que haya mexicanos de segunda, y eso no lo podemos permitir. Por un capricho le quieren quitar derechos a los mexicanos con doble nacionalidad”, señaló.
El líder opositor consideró que la reforma no responde a un problema concreto y que, por el contrario, llega en un momento delicado para los mexicanos que viven en EU, en medio de las políticas antiinmigrantes de Washington.
“Este debate es inoportuno e insensible frente a las agresiones y vulneraciones de sus derechos que enfrentan los connacionales en EU, porque crear restricciones adicionales genera una división inaceptable que demerita la lealtad a la diáspora mexicana, se trata de la ofensa”, advirtió.
Moreira también cuestionó que otros altos funcionarios sí puedan tener doble nacionalidad.
“Es una vieja postura del siglo XIX, que además es muy ilógica. Por ejemplo, los senadores que aprueban los tratados de libre comercio y pactos internacionales sí pueden tener doble nacionalidad”, contrastó.
UN FILTRO DE SEGURIDAD
En tanto, Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) considera que el Congreso está concentrando su atención en una reforma de alto impacto simbólico, pero de utilidad limitada.
El vicecoordinador parlamentario de ese partido opositor, Juan Zavala, la definió como “un disparate más en medio de una crisis de seguridad, donde no hay viviendas, donde la gente está batallando para llegar con su salario a finales de mes”.
En ese sentido, consideró que el problema central no es la nacionalidad formal de un candidato, sino la eventual existencia de vínculos indebidos con gobiernos extranjeros, grupos de poder o redes criminales.
Evitar que los candidatos respondan a intereses extranjeros “se resuelve con inteligencia, con investigaciones de las fiscalías”, planteó.
Su crítica incorpora un segundo frente de preocupación: la capacidad del Estado para investigar a funcionarios acusados de mantener vínculos con el crimen organizado.
“Que sí se investigue a los funcionarios acusados de estar vinculados con el extranjero”, reclamó Zavala.
El debate llegará la próxima semana al Senado, tras avanzar en Diputados con el respaldo del oficialismo y el rechazo de toda la oposición. (Sputnik)
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